Por: Raúl Martinau

Durante años, cada vez que una gestión muestra señales de ineficacia, el término "gobernabilidad" aparece como chivo expiatorio. Sin embargo, al indagar más profundamente, este concepto no debería ser una excusa, sino una herramienta de análisis que representa la capacidad de un gobierno para ejercer su poder de forma eficaz, legítima y estable, respondiendo a las demandas sociales y manteniendo el orden institucional.

En su núcleo, la gobernabilidad no es una abstracción ni un cliché tecnocrático: es una prueba constante de eficacia, legitimidad y estabilidad. Un gobierno que logra aplicar políticas públicas con resultados concretos, que obtiene aceptación social y que evita crisis recurrentes, puede considerarse gobernable. Es crucial distinguir gobernabilidad de gobernanza: mientras la primera se refiere al ejercicio del poder, la segunda se centra en cómo se toman las decisiones, incluyendo a actores no estatales como ONGs, empresas y ciudadanos. Esta distinción permite entender mejor los mecanismos que refuerzan o debilitan el tejido democrático.

En San Carlos de Bariloche, la Carta Orgánica establece un sistema municipal que encarna el principio republicano de división de poderes: el Intendente y los concejales tienen atribuciones diferenciadas pero complementarias. No hay jerarquía entre ellos; hay control mutuo. Lo que debería ser la base de un gobierno dinámico y colaborativo, en la práctica muchas veces se transforma en un campo de disputa partidaria.

Desde 1983, apenas una gestión logró consolidar un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo local. A través de reuniones, a veces tensas, se alcanzaron consensos que derivaron en buenos resultados. ¿El secreto? Capacidad de escuchar y respetar al otro. Y ese, lamentablemente, es un valor en decadencia.

Ejemplos recientes muestran que el sistema funciona, aunque con matices. En febrero de 2025, el Intendente vetó una ordenanza que imponía sanciones económicas a funcionarios que no respondieran pedidos de acceso a la información pública. El Concejo Deliberante rechazó el veto y ratificó la norma, reafirmando su compromiso con la transparencia. En otro caso, el mismo cuerpo aceptó un veto sobre la regulación de la pauta publicitaria oficial. Estos episodios reflejan que el control cruzado existe y que no hay unanimidades automáticas, lo cual fortalece el debate democrático.

La participación ciudadana también está contemplada mediante mecanismos como audiencias públicas, iniciativa popular, consulta y revocatoria de mandato. Sin embargo, el canal más directo y potente debería ser el concejal. Quienes ocupan esa banca tienen no sólo una responsabilidad institucional, sino también un deber territorial con los vecinos que representan. Aumentar el número de concejales puede ser positivo, pero solo si viene acompañado de mayor apertura hacia la comunidad y menor dependencia de intereses partidarios ajenos a la autonomía local.

No podemos olvidar el rol de las Juntas Vecinales, espacios voluntarios que articulan demandas barriales y colaboran en la planificación de políticas públicas. Reforzar su visibilidad y capacidad operativa es clave para revitalizar la participación desde abajo.

En este contexto, el Intendente ha convocado a un referéndum con diez ítems que abarcan desde el transporte hasta obras públicas. La primera propuesta busca habilitar Uber y más aplicaciones de transporte. Para entender su relevancia es necesario conocer el contexto histórico: hasta aproximadamente 1993, los taxis se reunían alrededor de teléfonos fijos en la zona céntrica y eran grupos de 5 o 6 los titulares que tenían llave de la caja donde estaba el teléfono. Cuando uno los llamaba, bajaban la bandera cuando salían y si cargaban equipaje en el baúl, lo cobraban aparte. Por los barrios no estaban, se concentraban en el centro. En esa época aparecieron las remiseras y la historia cambió: cobraban desde cuando subías al vehículo, iban a los barrios, no cobraban extras y las centrales funcionaban.

Ahora la situación es diferente: los taxis por el área central y en algunos horarios no se los encuentra, mientras que cuando se convocan los remises la respuesta es "no tenemos ningún móvil hasta dentro de una hora". Con este contexto, es necesario mejorar este servicio de transporte y que sea más eficiente para una ciudad de casi 60 kilómetros de largo y con un clima bastante extremo.

El segundo ítem propone extender la emergencia social hasta 2027 para generar más lotes sociales. Esta medida es considerada innecesaria, ya que con una planificación urbana se pueden conseguir más espacios para viviendas dignas y lograr una ciudad sostenible, por cuanto la generación de loteos indiscriminados tiene un gran costo de infraestructura.

La tercera propuesta busca ceder el inmueble (restaurante) ubicado en el interior del puerto San Carlos a los excombatientes de la guerra de Malvinas. Esta acción se puede hacer directamente por Ordenanza, sin necesidad de consulta popular.

El cuarto punto propone aprobar el Plan Vial para avanzar en un plan de asfalto para las distintas arterias de la ciudad. Simplemente consultando a la estructura municipal, se puede hacer y no hace falta ningún tipo de consulta popular. Tiene que trabajar con los equipos municipales.

La quinta propuesta busca aprobar la ecotasa, una contribución del turista para financiar proyectos de obras en la ciudad. En el Concejo Municipal hay un proyecto de Ordenanza de la Concejala Ferreira, pero el oficialismo no lo quiere tratar ni aprobar.

El sexto ítem propone reactivar el paseo de la Isla Huemul. Si tan solo se consultara a las áreas municipales que están capacitadas para llamar a licitación y armar la concesión, se puede activar inmediatamente. Salvo que se utilice esta consulta para contratar una consultora externa y armar un negocio paralelo a los controles municipales.

La séptima propuesta busca dejar de pagar sueldos a la Comisión Directiva del SOYEM. El octavo ítem propone construir el natatorio municipal, para lo cual se puede llamar a concurso de ideas o anteproyecto convocando a los Colegios Profesionales. El noveno punto busca terminar el Centro de Convenciones, con la misma modalidad que el natatorio.

Finalmente, la décima propuesta busca reemplazar los pinos de la costanera por árboles autóctonos. Para esto se requiere hacer un programa de remediación auspiciado por las ONG ambientalistas.

Un aspecto fundamental emerge del análisis: el artículo 163 de la Carta Orgánica no habilita al Departamento Ejecutivo a convocar el referéndum por sí solo. La norma indica "El Gobierno Municipal", es decir, ambos Departamentos.

En definitiva, la gobernabilidad en Bariloche no depende de una figura ni de una ordenanza puntual. Depende de la voluntad política de construir puentes en lugar de trincheras. Depende de reconocer al otro como parte del mismo sistema, no como enemigo. Y depende, sobre todo, de que ciudadanos, representantes y autoridades entiendan que gobernar no es imponer: es convivir, escuchar y decidir con inteligencia y compromiso.