Por: Bache3000

La decisión del ministro Federico Sturzenegger apunta a eliminar lo que el Gobierno considera una "superposición innecesaria de tareas" entre organismos que históricamente han compartido competencias similares. La Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán disueltas en los próximos días.

El cambio más significativo será la transferencia del control del tránsito nacional a la Gendarmería Nacional, que asumirá las funciones de prevención, control, fiscalización y comprobación de infracciones del transporte terrestre en todo el territorio de jurisdicción nacional. Esta decisión se fundamenta en la capacidad operativa demostrada por la fuerza y los resultados obtenidos en los últimos años en materia de seguridad vial.

La eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial representa uno de los aspectos más controvertidos de la medida. Esta entidad, creada específicamente para reducir la siniestralidad vial, será absorbida por la Gendarmería Nacional y la Secretaría de Transporte. Los convenios vigentes de la ANSV pasarán a la órbita de la Secretaría de Transporte, que también se hará cargo del diseño y dictado de cursos de seguridad vial.

En cuanto a la histórica Dirección Nacional de Vialidad, sus 5.304 empleados enfrentan un período de incertidumbre. Según la información oficial, la planta de personal será mantenida temporalmente con sus cargos y unidades organizativas vigentes, pero se prevé una reestructuración profunda de su conformación. El Ministerio de Economía asumirá el control de las concesiones de obras e infraestructuras viales, así como la manutención del sistema troncal de caminos nacionales.

La medida también contempla la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo organismo que se encargará de fiscalizar y controlar los contratos de concesión tanto de obras viales como de líneas ferroviarias y servicios de transporte público de jurisdicción nacional. Esta nueva entidad será la autoridad de aplicación de las normativas relacionadas con las fiscalizaciones de concesiones terrestres.

Los recursos económicos de los organismos disueltos no quedarán en el limbo. Los montos líquidos, las Letras del Tesoro sin destino específico y los títulos públicos bajo la órbita de Vialidad serán transferidos a las cuentas designadas por la Tesorería General de la Nación. Los créditos presupuestarios, recursos financieros, compromisos y obligaciones también pasarán al Ministerio de Economía.

La "reestructuración" incluye además la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que se especializará únicamente en la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos de aviación civil, abandonando su competencia en accidentes automotores. El organismo cambiará su denominación para llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

La premura con la que se impulsa esta medida responde al vencimiento de las facultades delegadas del ministro Sturzenegger el próximo 8 de julio. Con solo tres días hábiles restantes, el Gobierno busca concretar una de las transformaciones más profundas del aparato estatal en materia de transporte y movilidad.

Esta decisión se enmarca en la política de reducción del Estado impulsada por la actual administración, que busca eliminar duplicaciones de funciones y optimizar la estructura administrativa. Sin embargo, la medida genera interrogantes sobre la continuidad de servicios esenciales y el impacto en la seguridad vial, especialmente considerando que Argentina mantiene una de las tasas de siniestralidad más altas de la región.

La efectividad de la medida dependerá en gran medida de la capacidad de la Gendarmería Nacional para asumir las nuevas responsabilidades y de la coordinación entre los diferentes organismos que absorberán las funciones disueltas. Los próximos meses serán cruciales para evaluar si esta reestructuración logra los objetivos de eficiencia planteados o si genera nuevos desafíos en la gestión del transporte nacional.