Por: Bache3000

Imagínese la escena: usted es una persona con discapacidad, cobra una pensión no contributiva, vive en Bariloche o alrededores, y un día recibe una carta documento. La firma Diego Spagnolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —sí, el mismo abogado que Javier Milei puso al frente del organismo—. Le dicen que debe presentarse en Avenida Ezequiel Bustillo 6276, que debe traer estudios médicos actualizados, que es obligatorio, que si no va pueden cortarle la pensión.

Usted agarra su silla de ruedas, o su bastón, o su equipo de asistencia médica permanente, se sube al colectivo —si consigue lugar— o llama una ambulancia —si la encuentra—, y se va hasta esa dirección en plena Avenida Bustillo, en temporada alta, entre turistas que pasean con sus chocolates y ropas de nieve.

Llega y se encuentra con... cabañas. Bungalows. Un complejo turístico que, encima, está en venta.

—¿Acá es la cita médica? —No, no. Acá no es. Vaya a media cuadra.

Y usted, que ya hizo todo el viaje, que ya gastó en transporte, que ya se cansó, tiene que irse a otro lado. A otro complejo de cabañas, igual de pintoresco, igual de habilitado para la medicina: nada. Y allá salen todos los que tienen sillas de rueda, bastones, o asistencia mecanica de algún tipo. A dar vueltas en tiempos de lluvia, ola polar, y calles rotas.

Esta no es una anécdota. Es la denuncia que presentó ante el Colegio Médico de Río Negro el concejal de Bariloche Leandro Costa Brutten, después de que le llegaran a su oficina decenas de consultas de personas con discapacidad que no entendían qué estaba pasando.

"Es inaudito", dice Costa Brutten, y uno diría que es una palabra gastada, pero acá calza perfecto. "Traen médicos del Hospital Italiano a atender en cabañas sin ningún tipo de habilitación sanitaria. Es una burla a las 50 mil personas con pensión no contributiva que hay en Bariloche y zona."

Porque ese es el número: 5 mil personas. Cincuenta mil seres humanos que dependen de esa pensión para vivir, que ahora tienen que peregrinar por complejos turísticos para demostrar que siguen siendo, efectivamente, personas con discapacidad.

Los médicos, claro, vienen de Buenos Aires. No son médicos locales que conocen la realidad de la región, que saben dónde queda cada barrio, que entienden las distancias patagónicas. Son médicos porteños que seguramente disfrutan de la vista al lago mientras revisan certificados de discapacidad entre una cabaña y otra.

La Resolución 8969 del Ministerio de Salud de Río Negro —que Costa Brutten adjuntó a su denuncia— es clara como el agua del Nahuel Huapi. Los consultorios médicos deben cumplir requisitos específicos: superficie mínima de 7,5 metros cuadrados, accesibilidad para personas con movilidad reducida, baño adaptado, comunicación directa con áreas de espera, equipamiento médico básico, plan de emergencia.

¿Las cabañas de Bustillo cumplen? Por favor.

No tienen habilitación sanitaria provincial. No tienen autorización para funcionar como centro médico. No tienen ni siquiera un servicio de emergencia. Si a alguien le da algo durante la "consulta", ¿qué hacen? ¿Llaman al 911 y explican que están en unas cabañas atendiendo clandestinamente?

"Además", agrega Costa Brutten, "la gente no consigue turno en el hospital público para hacerse los estudios que estos médicos les piden. Es un círculo perverso: te exigen estudios actualizados pero vos no podés acceder al sistema de salud para conseguirlos."

Diego Spagnolo, el funcionario que firma las cartas documento, es abogado. No médico: abogado. Fue nombrado por Milei al frente de ANDIS y desde entonces implementó este sistema de "verificación de supervivencia" —así le dicen— que ya se replica en otros lugares del país, especialmente en provincia de Buenos Aires.

El método es simple: citar a miles de personas con discapacidad en lugares inadecuados, con médicos de afuera, exigirles estudios que no pueden conseguir, y esperar que algunos se cansen y no vayan. Los que no van, pierden la pensión. Ahorro fiscal inmediato.

"Es una política deliberada de amedrentamiento", sostiene Costa Brutten. "No buscan verificar nada. Buscan que la gente se canse y abandone sus derechos."

La carta documento que envió el concejal a ANDIS es un ejemplo de escritura jurídica furiosa. En cuatro páginas técnicas, legales, precisas, le dice a Spagnolo todo lo que cualquier persona de bien querría decirle pero con la contundencia de quien conoce la ley.

"Por la presente", dice la misiva, "rechazo expresamente la colocación de carteles sin determinación de responsable existente en el lugar donde he sido citado (...) por resultar un emplazamiento que he constatado presenta iguales o peores condiciones a las determinadas en el domicilio de vuestra notificación."

Traducido: sus cabañas son una porquería, señor Spagnolo.

Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen recibiendo cartas documento. Siguen yendo a las cabañas. Siguen siendo derivadas de un lugar a otro como si fueran turistas perdidos en lugar de ciudadanos con derechos.

Y los médicos del Hospital Italiano siguen viniendo desde Buenos Aires para atender en bungalows con vista al lago, probablemente pensando que es la pega más pintoresca de sus carreras.

"Mañana voy a denunciar esto ante el Colegio Médico de Bariloche", advierte Costa Brutten. "Que vengan médicos de Buenos Aires a ejercer en lugares sin habilitación es una violación ética y legal que no podemos permitir."

Uno se pregunta si en algún momento a Spagnolo y a sus jefes se les ocurrió que tal vez, solo tal vez, había formas más dignas de verificar el estado de las pensiones por discapacidad. Formas que no incluyeran cabañas, turismo médico y humillación gratuita.

Pero claro, esas formas probablemente no generan el mismo nivel de ahorro fiscal. Ni la misma cantidad de resignaciones.

En Bariloche, mientras tanto, 5 mil personas esperan. Algunas en sillas de ruedas, otras con bastones, muchas con la incertidumbre de no saber si el mes que viene van a seguir cobrando esa pensión que les permite, apenas, llegar a fin de mes.

Y en las cabañas de Bustillo, con vista al lago, los médicos porteños siguen atendiendo en consultorios de fantasía, en una obra de teatro que sería cómica si no fuera tan cruel.