Por: Bache3000

Los materiales audiovisuales filtrados revelan conversaciones entre los efectivos policiales y los propietarios de la carne al momento del secuestro. En las grabaciones se escucha claramente a un efectivo reconociendo que existe la percepción pública de que la policía "se come la carne" que secuestra. El mismo oficial les promete a los afectados que podrán presenciar la quema de la carne y les proporciona un número telefónico para coordinar el procedimiento.

"Te invitamos para que vayas, para que veas cómo queda la transparencia de la brigada rural, como dice la gente que después nos comemos la carne", se escucha decir al efectivo en una de las grabaciones, reconociendo explícitamente la existencia de estas sospechas en la comunidad.

La conversación revela que los policías les aseguraron que toda la carne sería quemada al día siguiente en el vertedero municipal, con presencia de testigos y un inspector de ganadería. Sin embargo, cuando los propietarios intentaron comunicarse con el responsable del operativo, Osvaldo Painetru, para coordinar su presencia en la supuesta quema, se encontraron con una versión completamente diferente.

En los audios se documenta la conversación telefónica con Painetru, donde este les informa que la carne "ya quedó todo incinerado todo con inspector de ganadería", contradiciendo las instrucciones iniciales que indicaban que la quema se realizaría al día siguiente con presencia de los propietarios como testigos.

Los videos también muestran las múltiples llamadas realizadas al número de Painetru, quien después de esa primera conversación nunca más respondió las comunicaciones, pese a los reiterados intentos de contacto por parte de los afectados.

No conformes con las explicaciones contradictorias, los vecinos se dirigieron hasta el lugar donde supuestamente se había realizado la incineración. Las imágenes filmadas en el sitio muestran la cruda realidad: de los 800 kilogramos de carne correspondientes a 6 novillos completos, solo encontraron un costillar cortado y algunas pocas partes enterradas en un pequeño pozo.

"Mirá se tomaron el trabajo de cortar hasta medio costillar", se escucha decir a uno de los afectados mientras filma los escasos restos encontrados, evidenciando la desproporción entre lo secuestrado y lo supuestamente destruido.

Según pudo confirmar este medio, los vecinos realizaron una denuncia formal ante las autoridades provinciales por las irregularidades detectadas en el procedimiento. La denuncia cuestiona no solo la falta de transparencia en el manejo de los bienes secuestrados, sino también la posible desaparición de una importante cantidad de carne que tenía un valor considerable en el mercado.

El caso pone sobre la mesa una pregunta fundamental que los propios afectados plantean: si el Estado decomisa esa cantidad de comida a las personas, ¿por qué la consume el propio Estado? Esta interrogante cobra especial relevancia considerando que la carne secuestrada cumplía con todos los requisitos de documentación y trazabilidad, siendo su único "defecto" no haber sido faenada en un matadero habilitado.

La situación expone la necesidad urgente de establecer protocolos claros y transparentes para el manejo de bienes secuestrados, especialmente cuando se trata de productos alimenticios de alto valor. La familia reclama que se investigue a fondo este caso que podría configurar un delito de apropiación indebida por parte de funcionarios públicos.