Por: Bache3000

La Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro resolvió intervenir la Federación de Box de Río Negro mediante una resolución fechada el 8 de julio de 2025, designando una comisión normalizadora para regularizar el funcionamiento institucional del organismo deportivo tras un escándalo que involucra el uso indebido de datos personales de afiliados.

Esta intervención tiene su origen en un grave episodio que sacudió a la entidad deportiva: la extracción ilegal de documentos y datos personales de cientos de afiliados a la Federación en Bariloche, información que fue utilizada para conformar las listas del partido La Libertad Avanza en Río Negro.

La responsable de esta sustracción fue Celeste Ventureyra, quien por entonces integraba la Junta Promotora de La Libertad Avanza en la provincia y actualmente es mano derecha de la diputada Lorena Villaverde en Bariloche. Ventureyra, que ocupa cargos de responsabilidad en ANSES y PAMI, había sido suspendida por la propia Federación debido a las múltiples denuncias recibidas por estos hechos.

Pese a las numerosas denuncias presentadas por los afiliados afectados, la justicia no tomó medidas efectivas para frenar el proceso, permitiendo que el partido La Libertad Avanza formalizara su presentación utilizando datos obtenidos de manera irregular. Muchas personas vinculadas a la Federación presentaron sus quejas formales ante las autoridades competentes, situación que terminó derivando en la actual intervención del organismo deportivo.

Según consta en el documento oficial, la entidad se encuentra en situación irregular por no haber presentado los ejercicios contables correspondientes ni haber renovado totalmente sus autoridades, tal como establece su Estatuto Social. La intervención se determinó con base en estos incumplimientos formales, que afectan directamente la legalidad de su funcionamiento.

La Comisión Normalizadora quedó integrada por Manuel Darío Valverde, Jonatan Efraín Cázeres y Néstor Osvaldo Avendaño, quienes tendrán un plazo de 180 días corridos para llevar adelante las gestiones de regularización. Entre sus funciones se encuentra la convocatoria a asamblea, presentación de balances y la organización de un proceso democrático para elegir nuevas autoridades.

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