Por: Martín Pargade

Durante el encuentro, Tumino denunció que la lucha continúa no solo por las prestaciones que se vienen perdiendo en PAMI, sino también por las demoras burocráticas que están sufriendo los afiliados. La situación se agravó particularmente en la oficina de El Bolsón, donde se produjeron sanciones masivas contra empleados.

En El Bolsón, la situación se mantiene tensa luego de que se conociera el despido de la jefa institucional y la suspensión por 29 días de numerosas personas, dejándolos al borde del despido con causa. Solo dos empleados no fueron sancionados por tener cobertura gremial, uno de ATE y otro de UTI, aunque también se solicitó una resolución para el desafuero de ambos.

La oficina continúa funcionando normalmente gracias a empleados que llegaron desde las agencias de Bariloche y General Roca en carácter de suplencia. Las autoridades designaron a una nueva responsable con relación directa con Villaverde, quien según Tumino proviene de un comercio de pastas y no tendría conocimiento sobre el funcionamiento del PAMI.

Como medida de protesta, las autoridades locales colocaron dos agentes de la Policía de Río Negro en las instalaciones, lo que el médico auditor considera irregular ya que el PAMI es un ente nacional y debería estar bajo jurisdicción federal.

En cuanto a la situación de Martina Ragusa, quien fuera designada como jefa de la agencia Bariloche en circunstancias controversiales, Tumino recordó que su nombramiento puso en peligro laboral a la entonces jefa Patricia Lorenzo. Tras una fuerte movilización con apoyo de jubilados, Lorenzo logró mantener su cargo, pero se creó para Ragusa un puesto de coordinadora de ambas agencias, cargo que nunca existió en la estructura del PAMI. Actualmente, Ragusa se encuentra de licencia tras haber accedido primero a una licencia por embarazo de riesgo, luego vacaciones adeudadas y finalmente una licencia sin goce de sueldo que vencería en agosto.

La asamblea también denunció irregularidades en las licitaciones, particularmente un convenio "espurio" para la provisión de pañales con la empresa Urbano Sociedad Anónima, que cuenta con un 30% accionario del Grupo Clarín. Esta empresa, dedicada al transporte y no a productos de higiene, ganó una licitación realizada durante Semana Santa sin tiempo suficiente para que otros proveedores históricos se presentaran. El nuevo convenio representa un 20% más de costo que el anterior, incluye una cláusula que otorga un 3% antes de comenzar cualquier prestación y ofrece pañales de menor calidad con problemas en las tiras adhesivas.

Otro tema preocupante es la situación de las personas con discapacidad, quienes fueron reubicadas en un lugar no habilitado en el kilómetro 6 que posteriormente fue clausurado. Ahora la atención se trasladó al hospital zonal, recargando a los médicos hospitalarios con funciones adicionales.

La asamblea desarrolló además una campaña solidaria para juntar pintura destinada al centro de abuelos de La Paloma, y continúa recolectando firmas en apoyo a los compañeros sancionados injustamente. Para el lunes próximo está programada una manifestación en El Bolsón para expresar directamente a las autoridades el rechazo a las medidas adoptadas.

El encuentro contó con la participación de referentes de organismos nacionales y provinciales, quienes compartieron sus situaciones particulares, manteniendo la tradición de la asamblea de jubilados de apoyar todas las luchas sociales de la región.