Por: Martín Pargade

La situación se repitió una vez más en el hospital público donde se realizan estas evaluaciones, con los pasillos abarrotados de personas que aguardaban su turno sin certezas sobre los horarios de atención. La confusión comenzó cuando circuló la información de que la atención comenzaría a las 16 horas, pero que sería por orden de llegada, lo que provocó que muchas personas se presentaran desde primera hora de la mañana para asegurarse un lugar en la fila.

El panorama mostró a decenas de personas con discapacidad y sus acompañantes esperando durante más de siete horas en condiciones precarias, muchas de ellas sin información precisa sobre cuándo serían atendidas. La falta de un sistema de turnos organizado y de comunicación efectiva con los usuarios generó un clima de incertidumbre y malestar generalizado.

Entre los casos documentados se encuentra el de una paciente con hipoacusia neurosensorial bilateral que cuenta con implante, quien necesitaba obtener un certificado médico actualizado correspondiente al año 2025. La situación de esta persona ejemplifica las dificultades que enfrentan quienes requieren atención especializada, ya que el sistema no permite derivaciones a otros profesionales que no estén designados específicamente para estas evaluaciones.

El personal a cargo de coordinar la atención reconoció la problemática y estableció que, a partir de ese momento, las personas no deberían presentarse antes de las 16 horas, horario en el que efectivamente comenzaría la atención. Sin embargo, esta medida llegó tarde para quienes ya llevaban horas esperando desde la mañana.

La situación pudo ser parcialmente controlada gracias a la colaboración de algunas personas que ayudaron a organizar la fila, pero evidenció la falta de protocolos claros y la necesidad urgente de mejorar la gestión de estos servicios esenciales. El colapso del sistema de atención especializada, como el área de otorrinolaringología, agrava aún más la situación, obligando a los pacientes a depender exclusivamente de los profesionales designados para estas evaluaciones.

Esta problemática refleja las deficiencias estructurales del sistema de salud público en el manejo de casos que requieren certificaciones para pensiones por discapacidad, afectando directamente a una población vulnerable que necesita acceso oportuno y digno a estos servicios fundamentales para su bienestar económico y social.