Por: Martín Pargade

La situación se desencadenó tras las sanciones aplicadas a trabajadores del PAMI El Bolsón, donde dos empleados recibieron suspensiones de 29 días -apenas un día menos que el despido con causa- y una funcionaria institucional, jefa de la agencia, fue directamente despedida. Según Tumino, estas medidas responden a "una maniobra mediática partidaria" liderada por la diputada Villaverde, quien buscaría "quedarse con las cabezas de todos los PAMI-ANSES de la provincia de Río Negro".

El conflicto gira en torno a una supuesta acusación de que el PAMI El Bolsón había permanecido cerrado durante un día de medida de fuerza. Sin embargo, los trabajadores refutan esta versión argumentando que históricamente las medidas de fuerza en PAMI siempre mantienen una guardia, tal como ocurre en cualquier espacio que debe brindar servicios de salud. Además, sostienen que el sistema informático de la institución puede demostrar que durante el día en cuestión se atendieron pacientes, se dieron ingresos a prestaciones y se pidieron autorizaciones, ya que todas las actividades quedan registradas digitalmente.

Los representantes gremiales denuncian que desde el área legal no se otorgó derecho a réplica ni se permitió presentar descargos a los sancionados, lo que consideran una violación del debido proceso administrativo. Esta situación se enmarca en lo que describen como un ataque sistemático contra los trabajadores de PAMI, quienes se consideran "los garantes de los derechos que tendría que defender esta obra social".

La controversia se produce en un contexto de deterioro generalizado de los servicios de PAMI. Los trabajadores denuncian la pérdida progresiva de medicamentos sin cargo, problemas en el cobro de laboratorios, falta de prestaciones y ausencia de nuevos convenios debido al déficit y la falta de actualización en los nomencladores. Esta situación ha resultado en que numerosas especialidades y prácticas médicas ya no estén disponibles, obligando a los afiliados a recurrir al sector privado y solicitar reintegros posteriores.

Las demoras en la autorización de elementos de fisiatría y medicamentos oncológicos agravan el panorama, pero la denuncia más contundente apunta al nuevo convenio de pañales con entrega a domicilio. Según las denuncias, miles de jubilados no están recibiendo este insumo básico en el marco de lo que califican como "un negocio espurio de 450 millones de dólares".

El convenio habría sido adjudicado a Urbano Sociedad Anónima, una empresa de transporte con un 30% de acciones del Grupo Clarín, que ganó una licitación realizada durante Semana Santa sin dar oportunidades adecuadas a otros oferentes para presentar documentación. Los trabajadores sospechan que se trata de una "licitación armada" debido a acuerdos previos entre la empresa de transporte y pañaleras.

El nuevo convenio presenta características que generan suspicacia: los pañales serían de menor gramaje (50 en lugar de 75), con menos capas de absorción y menos tiras adhesivas, representando una calidad significativamente inferior. La diferencia económica con el convenio anterior oscilaría entre 11.000 y 13.000 millones de pesos mensuales, con un anticipo del 30% antes de comenzar la prestación del servicio.

Los trabajadores han convocado a jubilados y pensionados de El Bolsón a manifestarse en una conferencia de prensa frente a las oficinas del PAMI para visibilizar lo que consideran un recorte progresivo y permanente de prestaciones a las que tienen derecho. La defensa de los institucionales de PAMI cobra particular relevancia en este contexto, ya que son quienes conocen el funcionamiento interno del sistema y pueden denunciar cuando las prestaciones se van perdiendo.

Paralelamente, emergen denuncias sobre irregularidades que trascienden el caso específico de El Bolsón. Se menciona la intervención de la Federación de Box de Río Negro por sustracción de datos, así como problemas similares detectados en PAMI durante la primera gestión libertaria en la UGL de Roca, donde la introducción de personal sin experiencia habría resultado en el acceso indebido a padrones para generar avales fraudulentos.

Las acusaciones se extienden hacia la diputada Villaverde, a quien se atribuyen diversos problemas legales, incluyendo denuncias relacionadas con posesión de narcotráfico en Estados Unidos, conflictos inmobiliarios en Las Grutas y el robo de datos para la confección de avales fraudulentos. Incluso a la secretaria general de ATE Bariloche le robaron datos personales de la base de información para tener los abales en la conformación del partido de La Libertad Avanza. Hay denuncias radicadas en la justicia, todavía sin definiciones.

La situación de PAMI El Bolsón refleja tensiones más amplias en el sistema de seguridad social argentino, donde convergen presiones políticas, restricciones presupuestarias y la defensa de derechos adquiridos por parte de trabajadores y beneficiarios. La resolución de este conflicto podría sentar precedentes importantes para el futuro funcionamiento de la obra social y la estabilidad laboral de sus empleados en todo el país.