Por: Martín Pargade

Los manifestantes llegaron hasta las instalaciones de la obra social con el objetivo de obtener una respuesta concreta sobre cuándo podrán reunirse con la máxima autoridad del organismo, quien reside en Viedma. El reclamo surge tras más de un año de espera sin respuestas a múltiples problemáticas que atraviesa la cobertura sanitaria en la región.

"Después de muchísimos reclamos durante todos estos años y pidiendo soluciones y respuestas, ante la falta de estas respuestas, hemos venido acá a pedir a la presidenta del IPROSS, Marcela Ávila, que nos dé una reunión presencial en Bariloche", explicó uno de los voceros de la manifestación.

La situación se remonta a mayo de 2024, cuando los afiliados mantuvieron una reunión virtual con Ávila, quien se había comprometido a coordinar un encuentro presencial que nunca se concretó. "Esta reunión fue en mayo, quedamos a la espera de dos meses, una reunión que no podía ser postergada, nos dijo. Hace un año y mandamos notas para poder concretar una fecha de reunión y nunca tuvimos respuestas", relataron los manifestantes.

Entre los principales problemas denunciados figuran la baja cobertura de medicamentos, que según los afiliados está cubriendo apenas el 70% del valor de 2019, lo que en la práctica representa entre un 10 y 12 por ciento del costo actual. También señalaron la falta de especialistas en diversas áreas médicas, demoras en los reintegros y la ausencia de cartillas actualizadas de profesionales.

María del Carmen, del área social de SOYEM, destacó la situación crítica de las internaciones: "Hoy nos enteramos que el Hospital Privado Regional está cobrando la internación, además del coseguro, el plus que le cobran los profesionales de 300.000 pesos de honorarios. Estamos también escuchando a nuestros compañeros que 1.500.000 pesos de internación fuera de los descartables es algo que no se puede tolerar".

Un tema particularmente grave es la cobertura de salud mental. Juan, secretario adjunto de SOYEM, explicó que "prácticamente todo lo que son tratamientos de salud mental tienen que ser abonados por los compañeros permanentemente, prácticamente sin cobertura, solo con reintegro. Hoy una consulta psiquiátrica está por arriba de los 35.000 pesos y el reintegro que te hacen es de 3.000 pesos".

Los manifestantes también recordaron que hace dos años viajaron a Viedma con representantes de múltiples sindicatos y presentaron 13.000 firmas reclamando soluciones a estas problemáticas, sin obtener respuestas concretas. "Se habían comprometido en su momento los funcionarios a resolver las mismas situaciones que describieron las compañeras. Esto viene de larga data", señalaron.

Durante la jornada de protesta, que se desarrolló de manera pacífica, los afiliados ingresaron a las oficinas de IPROSS donde fueron atendidos por la subdelegada local. Sin embargo, la respuesta obtenida generó más frustración: nuevamente se les solicitó presentar una "notita formal" para coordinar la reunión.

"Nosotros ya presentamos todas las notas, por eso un poco el cansancio. Presentamos todas las notas y pedimos a todos los legisladores, al gobernador, al presidente de la legislatura, a la presidenta Ávila. La verdad que estamos cansados de notas", expresaron los manifestantes.

Tras las negociaciones, se acordó que este viernes a las 11 de la mañana, Marcela Ávila confirmará una fecha precisa para reunirse con los afiliados. "Ella se comprometió a que el viernes a las 11 horas de la mañana iba a confirmar una fecha precisa para que podamos entrevistarnos con ella", informaron los organizadores.

Los manifestantes hicieron un llamado a la comunidad para que el viernes se hagan presentes en las oficinas de IPROSS para "presionar de alguna forma y que esta señora se atenga y nos respete, porque es una falta de respeto que ella, que es la directora, nos esté ninguneando de esa forma como lo ha hecho hasta ahora".

Durante la protesta también se mencionó que la subdelegada de IPROSS llamó a la policía, lo que fue criticado por los manifestantes como una respuesta desproporcionada a un reclamo pacífico. "En ningún momento desatendimos o hicimos algo para que dejaran de atender", aclararon.

La problemática del IPROSS en Bariloche se enmarca en un contexto más amplio de dificultades estructurales. Según explicaron los afiliados, desde 1984 la obra social dejó de ser un organismo autónomo y pasó a depender de rentas generales de la provincia, lo que genera déficits constantes en la atención.

Los jubilados se ven particularmente afectados, ya que tienen un descuento del 6% sobre sus haberes mientras que los trabajadores activos aportan el 3%. "Encima los jubilados recibimos un descuento mayor y somos los que más prestaciones necesitamos", señalaron.

La movilización de hoy se suma a una serie de acciones que los afiliados han realizado también en otras obras sociales como PAMI, en su lucha por garantizar el derecho a la salud. "Tenemos derecho al acceso a la salud. Vamos a seguir estando en todas las obras sociales porque la salud es un derecho, no es un negocio", concluyeron los manifestantes.