Por: Bache3000

"No estoy en contra de la participación de los vecinos, pero la forma en que está presentada rompe la institucionalidad", declaró Wallace, quien expresó su preocupación por el manejo del intendente Walter Cortés. "Se lleva todo puesto, no respeta la institucionalidad y violenta la finalidad del artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal", señaló.

En su presentación formal, Wallace fundamenta la impugnación en múltiples violaciones legales. Según el documento, las resoluciones 1453-I-2025 y 1459-I-2025 del 14 y 15 de julio respectivamente "resultan manifiestamente nulas y lesivas de derechos de orden constitucional nacional, provincial y la Carta Orgánica Municipal".

El recurso establece que la falta de competencia del Departamento Ejecutivo para convocar el referéndum es el primer punto de impugnación. Wallace cita el artículo 163 de la Carta Orgánica que establece que la facultad de convocar a referéndum popular corresponde al Gobierno Municipal, interpretando que según los artículos 30 y 38 de la misma carta, es únicamente el Concejo Municipal quien tiene la atribución de someter casos a referéndum a través de la sanción de una ordenanza específica.

La concejala argumenta que el intendente realizó "un evidente y unilateral avasallamiento del Departamento Ejecutivo al Concejo municipal, carente de competencia para ello", violando principios de legalidad y división de poderes. El documento detalla que el referéndum incluye 10 temas que requieren análisis parlamentario y no una simple consulta, entre ellos la creación de un plan solidario para obras de infraestructura vial, autorización de servicios de transporte privado a través de aplicaciones, contribución turística, financiamiento de salarios gremiales por el sindicato, promoción de la Isla Huemul y donación de un inmueble municipal.

La edil manifestó particular inquietud por el funcionamiento de otras instituciones clave: "Me preocupa el rol del Tribunal de Cuentas y de la Junta Electoral. Las instituciones en este momento están funcionando de manera precaria".

Según Wallace, con la resolución que impulsa el referéndum "se avasalla el rol del Concejo Deliberante, que es quien debe definir muchos aspectos de los puntos que están" incluidos en la consulta popular.

Wallace confirmó que el recurso de revocatoria fue presentado al Departamento Ejecutivo durante la jornada del lunes, y que existe un plazo establecido para obtener respuesta. "Si la respuesta es negativa, será la Justicia. Una vez agotada la instancia administrativa, la vía judicial va al Superior Tribunal de Justicia porque se trata de un conflicto de poderes", explicó.

En su presentación, la concejala sostiene que el acto administrativo impugnado "utiliza al referéndum para arribar a un fin deleznable, como es irrogarse una competencia que no posee y avasallar el mecanismo de sanción de las ordenanzas y la representatividad del pueblo barilochense". Wallace advierte que la finalidad del acto "excede la consulta a un tema, violentando el requisito dispuesto en el artículo 3 de la ordenanza de procedimientos administrativos".

Wallace también se refirió a la convocatoria de la Junta Electoral a los 11 partidos políticos que participaron en la última elección: "Espero que los partidos participen y le demos racionalidad a la sitiuación porque se están avasallando todas las instituciones".

La concejala criticó la estrategia del oficialismo de saltear al Concejo Municipal en temas importantes. Como ejemplo, mencionó el caso de Uber: "El oficialismo presentó un proyecto que nunca hizo avanzar, teniendo a tres concejales que responden al intendente".

El documento concluye calificando la situación como "un evidente conflicto de intereses" y "una falta ética de extrema gravedad, que viola los deberes de la función pública y compromete profundamente la responsabilidad institucional, administrativa y ciudadana". Wallace advierte que "todas las normas que se voten en el referéndum y que afecten derechos o choquen con otros poderes pueden generar juicios contra la municipalidad".

La concejala sostiene que el proceso actual representa no solo una violación del marco legal municipal, sino también un precedente peligroso para el funcionamiento democrático de las instituciones locales, solicitando en su petitorio la suspensión inmediata de la ejecución del acto impugnado y la revocación de las resoluciones cuestionadas.