Por: Bache3000

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del arquitecto Raúl A. Martiniau y la licenciada Eliana Romano, surge como respuesta a la sentencia del máximo tribunal del 2 de julio de 2024, que cuestionó la fundamentación de la ordenanza anterior. La Corte Suprema determinó que la normativa previa no era clara en su justificación para cobrarle específicamente al turista y utilizar esos fondos para realizar obras en la ciudad.

Consultada por Bache3000, la edil explicó que el proyecto quedó detenido en su tratamiento luego de los fallos judiciales de la CSJ y el STJ. Además, aclaró que si el intendete avanzaba con el referendum o con su fallida ordenanza (que fue criticada por ser una copia exacta de la que había sido declarada por la justicia, como inconstitucional), ella le daría curso a su propio proyecto.

En su fallo, la Corte analizó los principios constitucionales tributarios aplicables a contribuciones ambientales y cuestionó si algunas obras, como el embellecimiento de entradas a la ciudad o las instalaciones recreativas, deberían beneficiar más a los residentes, considerando la diferencia entre la población estable y la temporal. Por ello, COVERSA se presenta como una contribución "justa y proporcional a la carga generada por el turismo", según los fundamentos del nuevo proyecto.

La propuesta implementa una herramienta financiera similar a las ecotasas que funcionan en más de un centenar de ciudades europeas. Barcelona aplica un recargo de 3,25 euros por pernoctación, mientras que Ámsterdam cobra más de 20 euros por persona y noche. El proyecto surge ante la necesidad de abordar las consecuencias ambientales del turismo en una ciudad que recibió más de un millón de visitantes durante 2023.

La COVERSA se aplicará como un monto fijo por día de pernocte que deberán abonar los turistas mayores de 14 años alojados en establecimientos de cualquier tipo o categoría. Los titulares de hoteles, hostales, apartamentos y demás alojamientos actuarán como agentes de percepción, presentando declaraciones juradas mensuales y depositando los montos recaudados.

A diferencia de la ordenanza anterior, el nuevo proyecto establece con mayor precisión el destino específico de los fondos: conservación de áreas protegidas, gestión de residuos, protección del patrimonio histórico turístico, mantenimiento de paseos, sendas, accesos a lagos y playas, y servicios públicos. Una de las prioridades será financiar el cierre y saneamiento del Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM), cuyo cierre definitivo fue dispuesto por la Ordenanza 3349-CM-22.

Para supervisar la aplicación de estos fondos y dar mayor transparencia al proceso, el proyecto crea la "Comisión Especial COVERSA", integrada por representantes de diferentes secretarías municipales, dos concejales de bloques distintos y delegados de las cámaras de Comercio, Hotelería y Turismo. También se establecerá una "Oficina de Sostenimiento Ambiental" con personal especializado en gestión ambiental y una "Comisión Técnica de Ejecución" para implementar los programas urbanos necesarios.

La Secretaría de Planeamiento Territorial será la autoridad de aplicación, mientras que la Secretaría de Hacienda deberá crear la partida presupuestaria correspondiente. Actualmente, la propuesta está siendo analizada en comisiones del Concejo Municipal, donde deberá obtener los consensos necesarios antes de ser tratada en sesión. La ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación, representando un nuevo intento por establecer una contribución turística que sea constitucionalmente válida y que permita financiar la sostenibilidad ambiental en una ciudad emplazada dentro de un Parque Nacional.