Por: Bache3000

Samanta Echenique tiene más de 40 años, es concejal en San Carlos de Bariloche y acaba de hacer algo que parece un milagro en estos tiempos: demoler un proyecto del gobierno con argumentos jurídicos sólidos. No con gritos, no con chicanas, no con operaciones mediáticas. Con la ley en la mano y la Constitución bajo el brazo.

El intendente de Bariloche —esa ciudad que se vende como Suiza pero funciona como cualquier municipio argentino— se despertó una mañana con ganas de hacer un referéndum. Diez puntos iba a someter a consulta popular. Sonaba democrático, participativo, moderno. El problema es que siete de esos diez puntos no los puede decidir él. Los decide el Concejo Municipal. Que para eso existe.

Entonces apareció Echenique con nueve páginas que son un manual de demolición. Punto por punto, inciso por inciso, artículo por artículo, fue desarmando la maniobra. Como un relojero que desarma un mecanismo para mostrar que por dentro está todo roto.

La autopsia del desastre

Echenique no se conformó con decir "esto está mal". Fue más lejos. Agarró cada uno de los diez puntos del referéndum y los pasó por la picadora de la legalidad. El resultado es devastador para el Gobierno municipal.

Puntos 1 y 3: El intendente quiere que la gente vote sobre impuestos. Crear una "contribución vial" y una "contribución del turismo". Suena razonable, ¿no? El problema es que los impuestos los crean las leyes, y las leyes las hace el poder legislativo. "La creación y percepción de tributos está dentro de las materias reservadas a la ley", cita Echenique al tributarista Villegas. El intendente no puede inventar impuestos por referéndum. Es como si quisiera someter a votación popular si dos más dos son cinco.

Puntos 2 y 10: Estos son aún más ridículos. Se trata de proyectos que ya tienen "estado parlamentario". O sea, ya están siendo tratados en el Concejo. El intendente quiere que la gente vote sobre algo que ya se está discutiendo en el lugar donde corresponde discutirlo. Es como interrumpir una reunión de directorio para preguntar a los empleados qué opinen sobre lo que se está discutiendo arriba.

Punto 4: Este es el colmo. Se refiere a un proyecto que el Concejo ya rechazó hace menos de seis meses. El reglamento interno dice que los proyectos rechazados no pueden volver a tratarse hasta después de seis meses. Pero al intendente no le importa. Quiere que la gente vote sobre algo que ya se votó y perdió. Es la democracia del "vamos de nuevo hasta que salga como yo quiero".

Punto 5: Acá ya entramos en el terreno de la ciencia ficción jurídica. El intendente quiere que la gente vote sobre algo que ya decidió la Justicia. Con sentencia firme. Echenique lo dice clarito: "la voluntad popular expresada a través del voto" no puede "contrariar una sentencia judicial". Pero claro, para qué sirven los jueces si tenemos urnas.

Punto 6: Este requiere licitación pública, y la licitación pública requiere acuerdo del Concejo Municipal según la Carta Orgánica. Pero el intendente quiere saltarse el Concejo y preguntarle directo a la gente. Como si la gente pudiera autorizar una licitación. "Che, ¿vos qué opinás de este pliego de bases y condiciones?"

Punto 7: Donar un inmueble municipal. La Carta Orgánica dice que para enajenar bienes municipales hace falta una ordenanza aprobada por dos tercios del Concejo. Pero no, mejor preguntémosle a la gente. Total, ¿para qué están los dos tercios si podemos tener mayoría simple en las urnas?

Pero Echenique guardó lo mejor para el final. El artículo 3 de la resolución del intendente pretende crear multas por referéndum. Multas. Normas penales. Echenique no necesita muchas palabras: cita los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Las normas penales son "materia reservada a la ley". No se pueden crear por decreto, por resolución, por ordenanza municipal y mucho menos por referéndum.

El intendente quiere que la gente vote si está bien multar a alguien. Como si las multas fueran cuestión de opinión. Como si el derecho penal fuera una encuesta de popularidad.

La democracia como coartada

Lo que hizo Echenique es mostrar que detrás de la fachada democrática del referéndum se esconde una operación anti-democrática. El intendente no quiere consultar al pueblo: quiere saltarse al Concejo Municipal. No quiere más participación: quiere menos controles.

"Los mecanismos de democracia semi directa constituyen una excepción a la forma representativa", escribe Echenique. Las excepciones están para casos excepcionales, no para eludir las reglas de juego todos los días.

Y acá viene la frase que debería estar grabada en bronce en cada municipio argentino: "La voluntad popular expresada mediante el voto no subsana una inconstitucionalidad". Traducido: que algo lo vote la gente no lo hace legal. Si algo está mal hecho, está mal hecho, lo vote quien lo vote.

El recurso de Echenique es una clase magistral de cómo desarmar un proyecto del gobierno. No con gritos, no con marchas, no con tuits indignados. Con la ley en la mano y argumentos sólidos.

Primero estableció su legitimación: como concejal electa, tiene derecho a defender las competencias del Concejo Municipal. Después identificó los actos impugnados: las tres resoluciones que crean el referéndum. Luego verificó los plazos: todo presentado en tiempo y forma.

Y recién ahí se puso a demoler. Punto por punto, inciso por inciso, artículo por artículo. Con citas de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza de Procedimientos Administrativos, el Código Tributario, juristas especializados.

No dejó títere con cabeza. Mostró que el referéndum propuesto viola el principio de legalidad, el principio de división de poderes, el principio de competencia, el principio de razonabilidad. Que pretende someter a votación popular cosas que ya están decididas por la Justicia, cosas que ya rechazó el Concejo, cosas que no puede decidir el pueblo sino el poder legislativo.

Lo que hizo Echenique en Bariloche es lo que deberían hacer más legisladores en todo el país: defender las instituciones. No porque sean perfectas, no porque sean sagradas, sino porque son las reglas de juego que nos dimos.

El Concejo Municipal no es un estorbo que hay que sortear. Es el órgano de control del Ejecutivo. Los concejales no son adorno: son representantes electos con funciones específicas. Y cuando alguien trata de vaciar esas funciones, corresponde plantarse. Y el pueblo de Bariloche votó esa fragmentación, no le dio 8 concejales al intendente, sino tres, que pueden llevar adelante los proyectos del oficialismo. Y eso requiere de concenso, de hacer política para que la ciudad tenga soluciones.

Echenique se plantó. Con argumentos, con fundamentos, con la ley de su lado. Y le hizo al gobierno municipal lo que en el boxeo se llama una paliza técnica: lo demolió sin pegarle un golpe bajo.

Ahora el intendente tiene que responder. Puede revocar las resoluciones, puede insistir con el referéndum, puede hacer lo que quiera. Pero ya no puede decir que nadie le explicó por qué está mal lo que quiere hacer.

Y si insiste, si lleva adelante el referéndum ilegal, las ordenanzas que salgan van a ser papel mojado. Inconstitucionales desde el vamos. Nulas de nulidad absoluta, como dice la ordenanza municipal que él mismo debería conocer.

En esta Argentina donde los políticos prometen y no cumplen, donde se violan las reglas y después se pide perdón, donde la institucionalidad es una palabra de domingo, una concejal de Bariloche nos recordó algo que deberíamos saber de memoria: que las leyes existen para cumplirse, no para esquivarlas.

Que la democracia no es hacer votar a la gente sobre cualquier cosa, sino sobre lo que corresponde. Que cuando algo está mal hecho, está mal hecho, aunque lo vote todo el pueblo. Que las instituciones no son obstáculos sino herramientas.

Samanta Echenique destruyó el proyecto de referéndum del gobierno con la herramienta más poderosa que existe en una república: la ley bien aplicada. Ahora falta ver si el gobierno tiene la grandeza de reconocerlo o la soberbia de insistir con algo que nació muerto.

En cualquier caso, ya quedó claro quién leyó la Constitución y quién no.