Por: Bache3000

La organización, con personería jurídica 2589, denuncia que la convocatoria presenta múltiples irregularidades que la deslegitiman desde su origen. Entre los principales cuestionamientos señalan que el Ejecutivo Municipal se atribuye potestades que no le corresponden, pasando por encima del Concejo Municipal para luego justificar decisiones bajo el argumento de la "voluntad popular".

Uno de los aspectos más graves que identifica la asociación es que entre los temas propuestos en la consulta, existe uno que cuenta con sentencia judicial, lo que implicaría inducir a la ciudadanía a desobedecer un fallo de la Justicia.

La entidad también expresa preocupación por el tratamiento que se pretende dar a la Isla Huemul, un Área Protegida que cuenta con un Plan de Manejo de aplicación obligatoria. Según Árbol de Pie, cualquier eventual concesión sobre este espacio es competencia exclusiva del Concejo Municipal, incluyendo la realización de la correspondiente Audiencia Pública, y no puede ser decidida mediante una consulta popular que busque "pasar por alto estrictas normas de preservación".

En cuanto a la emergencia habitacional, tema que reconocen como legítimo, la asociación considera irresponsable "dejar el destino de Bariloche a merced de funcionarios autoritarios y de demostrada vocación de no cumplir con las reglas que fijan las normativas vigentes".

Los fundamentos técnicos de la impugnación se centran en que la convocatoria no reúne los requisitos esenciales del acto administrativo, viola la ley aplicable y quebranta el debido proceso en la formación y sanción de ordenanzas. Además, denuncian que se apela a una Carta Orgánica anterior y a ordenanzas ya derogadas.

Árbol de Pie aclara que su posición no implica desconocer el derecho ciudadano a participar en las decisiones de sus representantes, derecho que han defendido históricamente. Sin embargo, enfatizan que su presentación busca "el cumplimiento correcto e irrestricto de las normas establecidas en la Carta Orgánica Municipal y el respeto a la división de poderes".

La presentación del recurso fue realizada el 30 de julio de 2025, y ahora queda en manos de las autoridades competentes resolver sobre la validez de la convocatoria al referéndum cuestionado.