sábado 02 de agosto de 2025 - Edición Nº170

Bache Investiga | 1 ago 2025

A PERIODISTAS CERCANOS

Las puertitas del señor Chupete: entregó el café del Puerto San Carlos por vínculo personal

En el puerto de San Carlos de Bariloche funciona desde hace meses un café que no debería existir. Al menos no según las normas que rigen la administración pública. El local opera bajo un permiso precario que, según confirman fuentes municipales, aún no tiene la resolución que lo respalde legalmente.


Por: Producción Martín Pargade

La historia comenzó cuando Sergio Herrero, secretario de Turismo, le comentó a un periodista de un medio local que el espacio gastronómico del puerto se desocupaba. Allí funcionaba la Fundación San José Obrero, que tiene fines sociales. Así llegó la información hasta Camila Soldati, quien junto a su familia decidió presentarse para explotar el lugar. "Un día fue Sergio Herrero al canal viste, y contó que se desocupaba acá", explicó la periodista al ser consultada".

Pero aquí emerge la primera controversia: ¿por qué un secretario de Turismo va a un canal de televisión específico para comunicar que se libera un espacio público? ¿De dónde surge esa potestad para decidir quién accede a la explotación de un bien que pertenece a todos los barilochenses? La pregunta no es menor: ¿por qué no dárselo a periodistas de otro medio, a un vecino cualquiera, o a una fundación? ¿Qué criterios se utilizaron para esta selección?

El permiso precario es una figura administrativa que permite el uso temporal de bienes públicos. Pero para que sea válido, necesita un acto administrativo que lo apruebe: una resolución, una disposición o una ordenanza. Sin ese papel, técnicamente no existe. 

La búsqueda en el sistema de resoluciones municipales arroja un resultado contundente: no hay ningún acto administrativo que apruebe el permiso precario del café del puerto. Sí aparece, en cambio, la resolución que autoriza el permiso precario de la Fundación Museo y Memorial Malvinas, también ubicada en el puerto. Esa resolución, la número 00001391-I-2025, sigue todos los pasos: ratifica el convenio, establece plazos, define obligaciones.

El contraste es revelador. Mientras el museo de Malvinas tiene su resolución en regla, el café opera en un limbo administrativo. "Deberían todos por la carta orgánica, todos los convenios que firma el intendente tienen que ser remitidos al Concejo Municipal", explica una fuente municipal consultada sobre el tema. "Para que un acto sea válido tiene que tener un acto administrativo que lo apruebe."

Soldati describe el funcionamiento del emprendimiento familiar: "Está mi novio, mi hermana, mi cuñada. No es que tenemos empleados porque por ahora no nos da el bolsillo para pagarle a nadie". Sin embargo, el Ministerio de Trabajo realizó una fiscalización en el local y encontró personal trabajando sin estar registrado. Desde el café señalan que esa situación ya se regularizó.

"Yo estoy pagando por el uso del espacio, pero también tenés la pelea municipal y muchas cosas no podés hacer porque el espacio es municipal. Tenés que consensuar con otras áreas", explica Soldati sobre las limitaciones que enfrentan.

Consultado sobre esta situación, el municipio confirmó que el permiso existe pero reconoció que "aún no está firmada la resolución que debe ser enviada al concejo deliberante para su aprobación". Luego de la consulta, aseguraron que "hoy mismo" se va a firmar la resolución. La pregunta que queda flotando es cómo se ha permitido el funcionamiento del local durante meses sin el respaldo legal correspondiente.

Soldati cuenta que el acuerdo es por dos o tres años, que pagan un canon al municipio y que facturan "por porcentaje". Pero si no hay resolución, ¿dónde figura ese pago? ¿Quién recibe el dinero? El sistema administrativo municipal no registra ningún acto que habilite esa transferencia de fondos.

La situación del café del puerto se inscribe en un contexto más amplio de relaciones entre medios de comunicación y el poder político local. El vínculo entre importantes medios barilochenses y Sergio Herrero viene de larga data. Uno de los episodios más resonantes fue cuando tres periodistas fueron despedidos por presiones relacionadas con su posición frente al gobierno municipal. Los afectados señalan como responsable a Herrero. Esa situación está judicializada.

La pregunta central que emerge de este caso es cómo se define quién puede y quién no puede acceder a la explotación de bienes municipales. Las normas existen, los procedimientos están establecidos, pero su aplicación parece seguir criterios que no siempre coinciden con lo que dicta la letra de la ley. La discrecionalidad con la que se maneja la información sobre espacios públicos disponibles genera interrogantes sobre la transparencia en el acceso a estos recursos.

El municipio asegura que la resolución se firmará "hoy mismo". Habrá que ver si finalmente se regulariza una situación que lleva meses funcionando al margen de las normas administrativas, o si este caso queda como otro ejemplo de cómo en Bariloche, a veces, los papeles van detrás de los hechos.

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