Por: Bache3000

La principal objeción apunta a que Cortés no puede convocar unilateralmente este tipo de consulta popular. Según la Carta Orgánica Municipal, el "Gobierno Municipal" en su conjunto, incluyendo al Concejo Municipal, debe participar en la convocatoria a referéndum. Si bien el Departamento Ejecutivo puede proponer o impulsar la consulta, su convocatoria formal requiere la intervención y sanción del cuerpo legislativo local. Al proceder por cuenta propia, como ocurrió en este caso, la convocatoria carece de respaldo legal y puede ser declarada nula.

Los especialistas también cuestionan el uso del referéndum como mecanismo para presionar sobre temas que ya tuvieron tratamiento en el Concejo Municipal. De los diez puntos sometidos a consulta, uno ya fue rechazado por los concejales y cinco están actualmente en debate. Esta estrategia, según el análisis, constituye un intento de saltear la división de poderes y revivir iniciativas que no prosperaron por la vía institucional correspondiente.

La heterogeneidad de los temas propuestos genera otra crítica fundamental. El documento señala que no es posible someter a una misma consulta cuestiones tan dispares como la regulación de Uber, el reemplazo de árboles en la costanera, modificaciones sindicales, construcción de una pileta municipal y ajustes en las tasas municipales. Los mecanismos de consulta popular, argumentan, son de excepción y deben ser puntuales y específicos para una cuestión concreta, no para un "batido de temas sin conexión".

El análisis de los diez puntos revela problemas específicos en cada uno. El llamado "Plan Solidario" para financiar asfalto implicaría crear un nuevo tributo, lo que requiere ordenanza municipal y no puede resolverse por referéndum. La propuesta sobre Uber presenta errores técnicos y aún está en debate legislativo, mientras que la contribución turística también constituye un nuevo gravamen que necesita tratamiento ordenancial.

Particularmente problemático resulta el punto sobre sueldos a dirigentes del SOYEM y licencias sindicales, que ya fue rechazado por el Concejo hace menos de seis meses y por la justicia. Volver a someterlo a consulta sería ilegal según la normativa municipal y afectaría derechos laborales adquiridos.

Otros temas como el reemplazo de pinos en la costanera o la reactivación de la Isla Huemul como espacio turístico no requieren consulta popular, sino procesos técnicos y administrativos específicos. Solo la donación de un inmueble a excombatientes de Malvinas requiere referéndum obligatorio por ley, aunque los especialistas sugieren evaluar alternativas como un comodato para preservar el patrimonio municipal.

La ausencia de una ordenanza que regule los referéndums en Bariloche constituye otro punto crítico. Los expertos consideran "gravísimo" que la ciudad no cuente con normas claras sobre cómo debe realizarse este tipo de consultas, quién las controla y qué límites tienen para garantizar la transparencia. Establecen que primero deben definirse las reglas antes de implementar el mecanismo.

Además, el documento denuncia como "amenaza sin sustento" la multa anunciada para quienes no participen del referéndum, equivalente al costo de una bolsa de cemento, ya que no existe ordenanza que autorice tal sanción.

Ante estas irregularidades, los especialistas proponen cuatro acciones concretas: elaborar urgentemente una ordenanza que regule los referéndums municipales, revocar la resolución del intendente por ilegal, presentar una denuncia ante el Tribunal de Contralor por incumplimiento de deberes de funcionario público, y si se insiste con la consulta, corregir todos los aspectos cuestionados.

El documento concluye aclarando que no se oponen a la participación ciudadana, sino que abogan por "una participación seria, legal y respetuosa de las instituciones", advirtiendo que no todo puede decidirse "a las apuradas con un sí o un no en una boleta".

Esta controversia pone en evidencia la tensión entre los mecanismos de democracia directa y el sistema representativo, planteando interrogantes sobre los límites y procedimientos adecuados para implementar consultas populares en el ámbito municipal. La resolución de estos cuestionamientos definirá si el referéndum de Cortés puede llevarse adelante o si deberá reformularse respetando el marco institucional vigente.