Por: Bache3000

El cartel está ahí, frente a la terminal de ómnibus de Bariloche, como un testigo mudo de cómo funciona el poder cuando nadie mira. O mejor dicho: cuando todos miran pero nadie dice nada. Hasta ahora.

La historia es simple y complicada a la vez, como casi todas las historias que importan. Había una vez un cartel que la municipalidad había cedido por resolución a la Mesa 6 de Septiembre, esa organización que trabaja para que la gente tome conciencia sobre los accidentes de tránsito por alcohol. El cartel estaba ahí para recordar algo terrible: esa madrugada trágica de un 6 de septiembre cuando murieron jóvenes en nuestra ciudad, víctimas de la combinación fatal de alcohol y volante. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Argentina, y ese cartel era una manera de que no nos olvidáramos.

Pero un día cualquiera, el Secretario de Turismo decidió que la multinacional Hertz necesitaba ese espacio más que una organización que intenta salvar vidas. Así nomás. Se lo sacó a la Mesa 6 de Septiembre y se lo dio a la empresa que gana millones alquilando autos y no paga impuestos por las patentes de los autos que circulan en la ciudad (pero esa es otra historia). Sin resolución, sin papeles, sin nada que haga legal esa cesión. Fiel a su estilo, dicen quienes lo conocen.

Leandro Costa Brutten fue el primero que se dio cuenta de la maniobra, hace meses. El 9 de mayo mandó una nota pidiendo explicaciones. Nadie le respondió. Esta semana volvió a mandar la misma nota. Silencio de radio. También notificó a Hertz. La empresa tampoco contestó. Ahora el edil reiteró el pedido de informes y hasta ahora, nada. El vacío como respuesta.

"Los vamos a denunciar por negociaciones incompatibles", advierte Costa Brutten. "Y luego le pido la retención del sueldo por incumplimiento con la función pública. Y todo lo que se pueda."

La investigación del concejal reveló que esos carteles que Hertz usa para acciones comerciales no están habilitados para ese uso, sino que representan un espacio para mensajes institucionales. En este caso, de la Mesa 6 de Septiembre de Bariloche. También constató con informes oficiales que esos carteles no fueron incluidos en las licitaciones de cartelería urbana que cumplimentó el municipio. Toda esa información será presentada en sede judicial como prueba para sostener las denuncias.

Costa Brutten tiene delegada la facultad de la Mesa 6 de Septiembre para avanzar en esta situación. "Es un tema que excede la representación del concejo y abarca a todos los sectores y representantes de la mesa institución", dice.

Y acá es donde la historia se pone más turbia, porque no es la primera vez. La semana pasada, este medio denunció que el mismo procedimiento se realizó con la cesión de las instalaciones del café ubicado en el Puerto San Carlos. Los actuales concesionarios dijeron que fue el propio Sergio Herrero quien les ofreció explotar las instalaciones públicas. Así, por qué sí. En este caso tampoco existía resolución, aunque los gestores del bar señalaron que pagan un canon. ¿A quién? Misterio. Hasta el momento se desconoce si esa resolución fue firmada.

Entonces uno se pregunta: ¿esto es un patrón? ¿Una forma de hacer las cosas? ¿El Secretario de Turismo maneja los espacios públicos como si fueran suyos, repartiéndolos entre empresas privadas sin mediar papel alguno que lo justifique? Y si hay dinero de por medio, ¿adónde va? Y si no lo hay, ¿por qué una multinacional que gana millones usa gratis el mobiliario de todos?

Las preguntas surgen a borbotones, como dice la denuncia. Pero las respuestas brillan por su ausencia. En el silencio de quien debería dar explicaciones, en el vacío de quien maneja los bienes públicos como si fueran propios, está la clave de todo. Porque cuando el poder no responde, es porque no puede. O no quiere. Y ambas opciones son igual de graves.

El cartel sigue ahí, frente a la terminal. Ahora con el logo de Hertz donde antes había un mensaje que podía salvar vidas. Es una metáfora perfecta de cómo se administran los bienes comunes cuando nadie vigila, cuando el interés privado se impone sobre el bien público sin más trámite que la voluntad de quien tiene la lapicera. O la llave. O simplemente, el poder de decidir qué se hace con lo que es de todos.