Por: Bache3000

La política es un territorio donde las fortunas se hacen y se deshacen con la velocidad de un rumor, y ahora le toca a Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, experimentar esa vertiginosa caída que suele acompañar a quienes mezclan poder con negocios inmobiliarios. La justicia de San Antonio Oeste acaba de ordenar el embargo de sus cuentas y bienes por la friolera de casi 50 millones de pesos, una cifra que en tiempos de inflación galopante suena a catástrofe personal pero que, en el mundo de los terrenos patagónicos, puede ser apenas el precio de algunas hectáreas con vista al mar.

Todo comenzó con una demanda que tres particulares presentaron contra la sanantoniense, acusándola de presuntas ventas irregulares de terrenos en Las Grutas, ese balneario rionegrino que en verano se llena de porteños buscando sol y tranquilidad, pero que el resto del año parece un escenario de western abandonado. Los demandantes no vinieron con medias tintas: encuadraron su reclamo bajo la Ley de Defensa del Consumidor, lo que significa que se consideran víctimas de una estafa inmobiliaria, compradores de buena fe que confiaron en alguien que, casualmente, tenía el poder político suficiente como para inspirar esa confianza.

La jueza Karina Vanessa Kozaczuk, desde el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia número 9, no se anduvo con contemplaciones. Su resolución fue quirúrgica: ordenó al Banco Patagonia que retenga todo lo que pueda estar a nombre de Villaverde, desde cuentas corrientes hasta plazos fijos, desde tarjetas de crédito hasta bonos y pagarés, cualquier cosa que huela a dinero, ya sea en pesos o en dólares. Es el tipo de medida que te deja sin un centavo para pagar el café, pero que la justicia considera necesaria cuando las cifras en juego superan cualquier capacidad de pago convencional.

El expediente, al que accedió NoticiasNet gracias a uno de los damnificados, revela esa mecánica tan argentina donde los negocios inmobiliarios se entremezclan con la política como si fueran vasos comunicantes. Villaverde, que llegó al Congreso de la mano de Javier Milei y su cruzada contra la casta, ahora enfrenta acusaciones que apuntan precisamente a una presunta utilización de su influencia política para concretar operaciones con tierras de alto valor comercial. La ironía tiene esa textura áspera que caracteriza a los tiempos que corren.

Los terrenos en cuestión están en Las Grutas, una zona donde cada metro cuadrado vale una pequeña fortuna porque combina la escasez patagónica con la demanda turística. Allí, entre médanos y vientos eternos, se tejen historias de compradores que llegan con los ahorros de toda la vida y vendedores que prometen paraísos fiscales y vacacionales. Cuando esas transacciones salen mal, las cifras se vuelven astronómicas y las demandas, devastadoras.

Villaverde, por ahora, mantiene ese silencio que en política puede interpretarse como estrategia o como parálisis. No hizo declaraciones públicas sobre el embargo ni sobre las acusaciones, tampoco se sabe si se presentará formalmente ante el juzgado para defenderse. Es esa quietud inquietante de quien sabe que cada palabra puede convertirse en prueba en su contra, o de quien simplemente no tiene mucho que decir porque los hechos hablan por sí solos.

El caso genera expectativa en toda la región atlántica, no solo porque involucra a una figura nacional sino porque toca ese nervio sensible de los negocios inmobiliarios patagónicos, donde las fortunas se construyen sobre arena movediza y donde la diferencia entre la legalidad y la irregularidad a veces es tan difusa como la línea del horizonte en una tarde de viento. Los fondos embargados, según dispuso la jueza, deberán depositarse en una cuenta judicial especial, esa especie de limbo financiero donde el dinero espera mientras la justicia decide su destino.

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, Villaverde sigue cumpliendo con sus funciones legislativas, aunque ahora con la sombra de este expediente siguiéndola como esos vientos patagónicos que nunca descansan. La Libertad Avanza, el partido que la llevó hasta allí, tampoco se pronunció sobre el tema, manteniendo esa distancia prudencial que caracteriza a los movimientos políticos cuando uno de sus miembros enfrenta problemas judiciales.

La historia de Villaverde es, en definitiva, una más en esa larga tradición argentina donde política y negocios inmobiliarios se abrazan hasta confundirse, donde el poder se convierte en moneda de cambio y donde las cuentas, tarde o temprano, siempre llegan para ser cobradas. Los 50 millones de pesos embargados no son solo una cifra, son el peso específico de una confianza traicionada, el precio de una reputación en caída libre y, quizás, el costo real de mezclar los sueños ajenos con las ambiciones propias.