Por: Bache3000

El conflicto se enmarca en un mandamus presentado por las organizaciones ambientalistas, tras el cual el Superior Tribunal de Justicia dio por probado el "rehusamiento expreso" de la autoridad de aplicación para cumplir con la ejecución de la Ley Q 4552, que protege los bosques nativos provinciales.

La subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, presentó un cronograma que establece un plazo de dos años hasta el envío del nuevo OTBN a la Legislatura Provincial. Según las organizaciones, esto significa que la norma probablemente no se apruebe hasta 2028, considerando los tiempos legislativos habituales.

"El plan propuesto es una confesión de que la Provincia no tiene voluntad de proteger los bosques nativos. Plantea más de dos años de plazo para actualizar el OTBN cuando está vencido hace más de 10 años", declaró Tomás Guevara, integrante de FADECHS, quien agregó que "Contreras y Confini tienen que tomar medidas para resguardar nuestros bienes comunes hasta su actualización".

En su respuesta oficial, la Subsecretaría afirmó haber "priorizado" la actualización del OTBN durante su gestión y aseguró desarrollar "de forma permanente una actividad que asegura una gestión responsable de los recursos forestales". Sin embargo, las organizaciones señalan que no se proponen medidas adicionales de protección para las zonas no clasificadas mientras dure el proceso de actualización.

El documento oficial detalla siete líneas de acción que incluyen la entrega de recursos económicos a productores, exigencia de cumplimiento normativo, otorgamiento de permisos tras inspecciones, fiscalización del transporte forestal, promoción de la industria maderera, implementación de fondos verdes internacionales y la actualización técnica del mapa territorial.

Las críticas también alcanzan a la Secretaría de Ambiente, dirigida por Andrea Confini, ya que numerosos proyectos en áreas de bosques nativos han sido aprobados sin las correspondientes resoluciones ambientales favorables, estudios de impacto ambiental y audiencias públicas exigidas por la Ley M 3266. Entre los casos mencionados se encuentran los proyectos inmobiliarios de Cerro Lindo y CAUMA, además de canteras irregulares en el área de El Foyel.

El cronograma presentado por la Subsecretaría establece que entre junio y julio de 2024 se solicitó el inicio del proceso de actualización, mientras que entre agosto y diciembre del mismo año se realizarían reuniones técnicas para consensuar criterios. Para 2025 y 2026 se prevén diversas instancias de participación técnica y consulta con municipios, organismos e instituciones, culminando con la presentación ante la Legislatura en julio de 2027.

Las organizaciones ambientalistas exhortaron a las autoridades a "arbitrar los medios para que el OTBN sea actualizado en plazos perentorios" y a tomar, junto con la autoridad ambiental, "todos los recaudos para evitar mayores impactos negativos en las áreas de bosques nativos" mientras se concrete la actualización normativa.

La polémica pone en evidencia la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en una provincia con vastas extensiones de bosques nativos, en un contexto donde las organizaciones civiles reclaman mayor celeridad y compromiso gubernamental para la protección de estos ecosistemas fundamentales.