Por: Bache3000

Según explicó la concejala Roxana Ferreyra, presidenta de la Comisión de Servicio de Tránsito y Transporte y autora del proyecto, la nueva propuesta crea un sistema específico para este tipo de transporte que ya no requiere la habilitación de las plataformas digitales, dado que resultaba muy difícil lograr que las grandes empresas tributen en la ciudad. En su lugar, se establecerá un registro municipal de vehículos y conductores habilitados para brindar este servicio.

El proyecto reformulado establece un cupo máximo de 230 vehículos habilitados para el transporte privado de pasajeros, una cifra que busca mantener el equilibrio con el parque automotor existente de taxis y remises. Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 280 taxis y 240 remises habilitados, por lo que la medida apunta a evitar una competencia desleal y garantizar igualdad de condiciones para todos los prestadores del servicio.

Los conductores deberán cumplir con una serie de requisitos que incluyen poseer Documento Nacional de Identidad, documentación del vehículo que acredite la titularidad, licencia nacional de conducir categoría D1 o superior, domicilio real en San Carlos de Bariloche, certificado de libre deuda municipal, certificado de antecedentes del Registro Provincial de Tránsito y del Registro Nacional de Reincidencia, además de contar con los seguros correspondientes y estar inscriptos en el Registro de Vehículos y Conductores que ofrecen servicio de transporte privado de pasajeros.

Los vehículos afectados al servicio deberán tener una antigüedad máxima de diez años y cumplir con especificaciones técnicas precisas: ser del tipo sedán o rural con un mínimo de cuatro puertas, contar con revisión técnica obligatoria vigente y estar radicados en la Provincia de Río Negro. Quedan expresamente excluidos los vehículos utilitarios no acondicionados para el transporte de personas.

La normativa también incorpora un sistema de infracciones específico con multas que van desde 12.000 módulos fiscales para la primera infracción hasta 14.000 módulos fiscales y suspensión del servicio para casos reiterados. La falta de presentación de renovación de seguros obligatorios conlleva una multa de 5.000 módulos fiscales y suspensión inmediata del servicio.

Una vez aprobada la ordenanza, se levantará automáticamente la resolución municipal que actualmente prohíbe el funcionamiento de estos servicios en la ciudad. Ferreyra expresó que existe voluntad de todos los bloques políticos para acompañar la iniciativa y resolver esta situación que afecta a trabajadores del sector desde hace varios años.

El proyecto busca equilibrar la innovación tecnológica en el transporte urbano con la responsabilidad institucional del municipio, reconociendo las nuevas formas de trabajo sin perder el control regulatorio del Estado. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal, que tendrá la facultad de inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas.

La medida representa un paso importante hacia la formalización de un sector que ya opera de facto en muchas ciudades del país, proporcionando un marco legal que garantiza derechos tanto para conductores como para pasajeros, mientras permite al municipio ejercer su función regulatoria y recaudatoria en el sector del transporte urbano.