Por: Bache3000

El documento oficial del Superior Tribunal de Justicia, fechado el 11 de agosto, en ningún momento "habilita" el referéndum. Lo único que hizo la Justicia fue rechazar un pedido para frenar temporalmente el proceso mientras se estudia si es legal o no. Pero la pregunta central - si el referéndum cumple con la ley - todavía no tiene respuesta.

La resolución judicial textualmente establece que el tribunal ahora deberá "expedirse sobre la naturaleza jurídica, competencia y eventual procedencia formal de la acción promovida". En palabras simples: los jueces todavía tienen que decidir si todo el proceso del referéndum está bien hecho desde el punto de vista legal.

El documento también explica por qué rechazaron frenar el proceso: "no procede otorgar la medida cautelar solicitada, en razón del criterio restrictivo y reiterado por este Cuerpo en punto a la improcedencia de las medidas cautelares en los procesos en los que se cuestiona la validez de una norma". Esto significa que no quisieron tomar una decisión anticipada, no que aprobaran el referéndum.

Además, el STJ fue claro en señalar que existe una "restringida autorización a la concesión de medidas cautelares cuando implica un eventual prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión que debe ser ventilada". En otras palabras: prefieren no frenar nada hasta estudiar todo bien, pero eso no significa dar el visto bueno.

Es como si alguien pidiera a un juez que pare una obra en construcción porque podría no tener los permisos correctos. El juez dice "no voy a parar la obra por ahora, pero voy a revisar todos los papeles para ver si está todo en orden". Eso no significa que la obra esté "habilitada" o que tenga todos los permisos en regla.

Lo preocupante de esta situación es que la información falsa proviene del propio Estado municipal. Se están utilizando fondos públicos y canales oficiales para difundir una versión distorsionada de una decisión judicial, con fines claramente políticos partidarios. Cuando el Estado miente a la población, se rompe un principio fundamental de la democracia: que los ciudadanos puedan confiar en la información oficial.

El comunicado municipal fue reproducido sin cuestionamientos por algunos medios locales, amplificando la desinformación. La realidad es que el Superior Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la legalidad del referéndum. Esa decisión está pendiente y será clave para determinar si la consulta popular puede realizarse o no.

La diferencia entre "no frenar por ahora" y "habilitar" puede parecer sutil, pero es fundamental en términos jurídicos y políticos. La primera es una medida temporal y cautelosa; la segunda sería una aprobación definitiva que nunca existió.