Por: Bache3000

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó un proyecto de ley para limitar la concentración de poder del gobernador sobre la Justicia provincial. La iniciativa propone modificar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley K N° 5190) para impedir que quienes hayan ejercido cargos políticos en el Estado provincial puedan acceder a cargos jerárquicos en la Justicia hasta cinco años después de cesar en sus funciones.

Berros sostuvo que “hay que buscar poner límites a la concentración de poder por parte del gobernador. La Justicia no puede ser, como muestran los aprietes o encubrimientos, según sea el caso, un apéndice del poder para condicionar a aquellos que piensan diferente al partido del gobierno”. En este sentido, explicó que la propuesta apunta a evitar la relación de ida y vuelta entre política y Justicia, donde “un día están de un lado u otro del mostrador, según las necesidades del poder”.

Por eso, se establece un plazo de enfriamiento de cinco años para exfuncionarios políticos, ministros, legisladores, secretarios y demás, que impida que accedan inmediatamente a la magistratura. Berros mencionó ejemplos recientes para ilustrar la situación: “El ex secretario político del bloque legislativo del partido de gobierno, Sergio Ceci, pasó a ser juez del Superior Tribunal sin más trámite que su afinidad con Weretilneck. Estoy seguro que no va a fallar ni revisar los casos de corrupción del gobierno provincial, puesto que hasta hace nada era parte del mismo. Por otro lado, tenemos el caso del ex legislador Nicolás Rochas, que también consiguió un cargo en la Justicia tras rendirse a los pies del gobernador”.

El presidente del bloque añadió que existen “infinidad de casos” y denunció que la Justicia está “muy desprestigiada” y con una “actitud cómplice” debido a la “connivencia entre un poder y otro”. “Con la propuesta que estamos haciendo intentamos limitar que el gobernador se siga entrometiendo y manejando a control remoto a jueces y fiscales”, concluyó.

El proyecto modifica el artículo 13 de la Ley K 5190, que actualmente solo establece inhabilidades genéricas, y busca fortalecer la independencia judicial, la transparencia institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, incorporando una restricción específica para exfuncionarios políticos.

Un relevamiento periodístico reciente señaló que el 40% de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia tiene antecedentes políticos vinculados al partido de gobierno, lo que afecta la percepción pública de imparcialidad y refuerza la necesidad de este período de enfriamiento.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un resguardo que fortalezca la imparcialidad y legitimidad del Poder Judicial en Río Negro, garantizando que los jueces y funcionarios judiciales estén libres de sospechas de dependencia política reciente, en defensa del sistema democrático y el principio republicano de independencia judicial.