Por: Bache3000

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche firmó un convenio que genera controversias por varios aspectos que ponen en tela de juicio la transparencia en el uso de recursos públicos. Según la Resolución N° 00001721-I-2025, el intendente decidió ratificar un acuerdo con AMEC Bariloche para el uso de las instalaciones de la pileta con fines recreativos para personas con discapacidad, justificándolo en el marco del proyecto "EL AGUA NOS UNE".

Sin embargo, esta resolución presenta una irregularidad procedimental significativa: está fuera del convenio original firmado entre la Municipalidad y AMEC el 30 de junio de 2025. La nueva resolución amplía los términos del acuerdo inicial sin seguir los procedimientos correspondientes para modificar un convenio ya suscrito.

El convenio establece que la Municipalidad se hará cargo de cinco profesores de educación física para la asistencia de dos grupos de cinco personas, dos veces por semana. Es decir, el erario público financiará el personal docente que trabajará en las instalaciones de la mutual del sindicato de comercio, una entidad privada, bajo la sombrilla del proyecto "EL AGUA NOS UNE".

Lo que agrega mayor polémica al asunto es que existe una estrecha vinculación entre el sindicato beneficiado y el propio intendente, quien maneja esta organización gremial. Esto plantea serios interrogantes sobre un posible conflicto de intereses, donde recursos municipales se destinan a favorecer una institución ligada directamente a la figura del jefe comunal.

Pero las irregularidades no terminan ahí. Las instalaciones de la pileta de AMEC no cuentan con la habilitación municipal correspondiente, un requisito básico para su funcionamiento. Más grave aún, existe un expediente en el Juzgado de Faltas que solicita directamente la demolición de la construcción debido a inconvenientes detectados en su edificación, lo que pone en duda la seguridad y legalidad de las instalaciones donde trabajarán los docentes pagados con fondos públicos.

El convenio tiene una vigencia de un año y se renovará automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste su desinterés en continuar. La justificación oficial apunta a "fines de solidaridad y cooperación".

Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si es apropiado que todos los contribuyentes financien los gastos operativos de una mutual privada, especialmente cuando esa entidad tiene vínculos directos con quien toma la decisión de firmar el convenio. Además, resulta preocupante que se destinen recursos públicos a instalaciones que no cumplen con las habilitaciones necesarias y que incluso podrían ser demolidas por orden judicial.

La irregularidad procedimental de modificar unilateralmente los términos de un convenio ya firmado, sumada a los conflictos de intereses y las cuestiones de habilitación, evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión municipal y plantea interrogantes sobre el uso adecuado de los fondos públicos en la ciudad.