Por: Bache3000

Sergio Herrero abandonó abruptamente una entrevista y huyó a los gritos cuando fue consultado por el notero de Bache3000 sobre dos casos que lo involucran directamente: el caso Hertz y el del Puerto San Carlos. Ambos expedientes apuntan a irregularidades en la entrega de patrimonio municipal a manos privadas sin el respaldo legal correspondiente.

El funcionario municipal se vio visiblemente alterado cuando el periodista se acercó para indagar sobre estas operaciones que habrían sido realizadas sin las resoluciones que den un marco legal a las acciones. Las preguntas apuntaban específicamente a determinar si se están cobrando montos por el uso de estos bienes públicos, cuáles son esas cifras y quién recibe efectivamente esos pagos.

Lejos de brindar las explicaciones que la ciudadanía tiene derecho a conocer, Herrero optó por una reacción desmedida. Comenzó a gritar al periodista, intentó echarlo del lugar y se refugió corriendo hacia las oficinas del intendente Walter Cortés, evitando así responder sobre la gestión de los recursos públicos bajo su responsabilidad. Todo el hecho, ocurrió ante la presencia de Martín Iriarte, el subsecretario de Cultura.

Esta actitud contrasta notablemente con la disposición que muestra Herrero ante otros medios de comunicación, donde suele dar declaraciones sin inconvenientes. Sin embargo, cuando se trata de preguntas incómodas sobre posibles irregularidades administrativas, el funcionario prefiere el silencio y la huida antes que la transparencia.

Los casos Hertz y Puerto San Carlos representan interrogantes serios sobre el manejo del patrimonio público municipal. La falta de documentación legal que respalde estas operaciones, sumada a la ausencia de claridad sobre los montos involucrados y los destinatarios de los pagos, genera dudas legítimas sobre la transparencia de estos procedimientos. Es importante señalar, que este 12 de agosto, recién se hizo publica la Resolución de la cesión del Puerto, tres meses después que el privado esté en uso del predio.

La reacción de Herrero no solo evidencia su incomodidad ante estos cuestionamientos, sino que también plantea interrogantes sobre qué información está tratando de ocultar. Su negativa a dar explicaciones públicas sobre el uso de bienes que pertenecen a todos los ciudadanos constituye, en sí misma, un indicador preocupante sobre la gestión municipal.

La ciudadanía tiene el derecho fundamental de conocer cómo se administran sus recursos y bajo qué condiciones se permite el uso del patrimonio público. El comportamiento evasivo de funcionarios como Herrero solo alimenta las sospechas sobre posibles manejos irregulares en la administración municipal.

Mientras tanto, las preguntas sobre los casos Hertz y Puerto San Carlos siguen sin respuesta, y los ciudadanos continúan esperando explicaciones claras sobre el destino de su patrimonio colectivo.