Por: Bache3000

La causa tramita bajo el legajo 047 de 2025 y busca determinar las responsabilidades por el accidente que puso en evidencia las graves irregularidades que atraviesa el servicio de transporte público en San Carlos de Bariloche.

Costa Brutten acompañó su presentación con 32 actas de inspección municipal que documentan severas falencias técnicas y mecánicas en las aproximadamente 58 unidades que circulan diariamente. Pero además, denunció una práctica que calificó como "explotación laboral": la imposición a los conductores de jornadas dobles de hasta 14 horas en las pocas unidades incorporadas recientemente.

"Acompañé como prueba 32 actas con graves falencias técnicas mecánicas de las unidades de colectivo antiguas y la determinación temeraria de la empresa de requerir a los choferes turnos dobles de 14 horas por jornada en las pocas unidades incorporadas recientemente", explicó el concejal.

El edil reveló que el martes 12 de agosto se registraron cuatro jornadas de doble turno, incluyendo la del conductor de la unidad accidentada, quien había ingresado a las 7:30 horas y tenía programada su salida recién a las 21:45 horas.

La querella apunta directamente contra tres figuras clave del sistema de transporte barilochense. Costa Brutten solicitó que se investigue por imprudencia y negligencia, según el artículo 94 del Código Penal, al intendente Walter Cortés, al gerente de Mi Bus Juan Pablo Follonier y al titular de Amancay SRL Juan Pedro Ponte.

"Solicitamos se investigue al intendente Walter Cortés por haber triplicado subsidios no reintegrables a la empresa, permitiendo incumplimientos sistemáticos del contrato de concesión", señaló Costa Brutten en su denuncia.

El concejal criticó duramente la gestión municipal del transporte público, denunciando que el intendente "ha triplicado los aportes a la empresa en concepto de subsidios no reintegrables, desvirtuando y permitiendo incumplir sistemáticamente el contrato de concesión del servicio público de pasajeros". Según su presentación, esta situación habría creado "una zona liberada de controles" para el monopolio sin aplicar sanción alguna.

La querella también hace referencia a lo que describe como un "posible hecho grave de vaciamiento" por el retiro de unidades que Mi Bus realizó en 2020, situación que habría generado la crisis actual del servicio.

"En función de los pedidos de informes, las múltiples denuncias de los usuarios y el trabajo permanente de los integrantes de la Multisectorial del transporte público de Bariloche tenemos conocimiento de las graves irregularidades en el transporte público que deberán investigarse por tratarse de situaciones que afectan la seguridad de pasajeros y conductores", manifestó el concejal.

Las actas de inspección municipal que acompañan la querella documentan que las unidades circulan "sin cumplimentar los requisitos técnicos o mecánicos necesarios", una situación que según Costa Brutten pone en riesgo permanente a usuarios y conductores.

"Pedimos que se investigue y se resuelva la situación para cuidar y proteger a los usuarios del transporte que merecen un servicio seguro y digno. No podemos permitir más negligencias que pongan en peligro a nuestra comunidad", concluyó el edil en sus declaraciones.

La investigación judicial continúa su curso mientras crece la presión sobre las autoridades municipales y la empresa concesionaria para que den respuestas sobre el estado crítico del transporte público en Bariloche.