Por: Bache3000

La iniciativa, identificada como Proyecto de Ordenanza N° 397-25, tiene como objetivo central aliviar la carga fiscal de los contribuyentes locales y garantizar mayor transparencia en la gestión pública municipal. Según el documento presentado, la medida aplicaría a todos los profesionales letrados que trabajen bajo cualquier modalidad contractual o como funcionarios públicos en el cobro de deudas fiscales o la defensa del municipio.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de establecer un marco normativo que impida el cobro adicional a los contribuyentes, de manera de generar un alivio fiscal concreto para los vecinos. Esta medida busca reducir costos y constituye un incentivo para la recaudación municipal, facilitando que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones sin afrontar cargas desproporcionadas.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que eliminaría sobrecostos de hasta el veinte por ciento que actualmente se agregan a los montos adeudados al municipio. Esta reducción significativa en los costos adicionales representa un beneficio directo para quienes procuran regularizar su situación fiscal con el Estado municipal.

El concejal Costa Brutten destacó que la presente iniciativa no afecta los derechos de los profesionales del derecho que representan al municipio, dado que ya perciben emolumentos por su labor y representación judicial en el marco contractual o laboral con la municipalidad. Actualmente, más de 16 abogados de la gestión del intendente Walter Cortés reciben su remuneración como sueldo y pagos por facturación de contratos de locación laboral.

La ordenanza propuesta establece que el impedimento alcanza a todos los abogados que desempeñen funciones vinculadas al municipio, cualquiera sea la modalidad de contratación o designación, en cualquier departamento del Estado municipal. Sin embargo, quedan exceptuados aquellos casos en los que los honorarios correspondan a actividades realizadas fuera del ámbito de representación del municipio, siempre que no exista conflicto de intereses y no se utilicen recursos públicos municipales para tales actividades.

En definitiva, este proyecto busca fortalecer la ética en el ejercicio de la función pública y consolidar una política fiscal más justa y equitativa para la comunidad de San Carlos de Bariloche. La medida responde a un expreso pedido de la comunidad barilochense y representa un paso hacia una gestión municipal más transparente y accesible para todos los contribuyentes.

El proyecto aguarda ahora su tratamiento en las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante antes de su eventual sanción como ordenanza municipal.