Por: Bache3000

La mujer trabajó como mucama desde principios de 2023 en un conjunto de cabañas turísticas, con jornada completa. Durante todo ese tiempo fue la única mucama permanente, mientras que en temporada alta se sumaban otras empleadas para cubrir la demanda. También trabajaba allí su esposo, encargado de mantenimiento, con quien compartía horarios y antigüedad.

El conflicto comenzó cuando su esposo recibió por WhatsApp una foto de una carta documento que lo notificaba de una sanción y lo instaba a no presentarse a trabajar. Al día siguiente, ella acudió normalmente a su puesto de trabajo, pero fue llamada por la encargada, quien le ordenó que convenciera a su marido para que renunciara. La empleada rechazó la sugerencia.

A partir de ese momento, según relató en su demanda, fue increpada por supuestas fallas, interrumpida en sus tareas y finalmente expulsada del complejo con una orden de “juntar sus cosas y retirarse”. Minutos después, la encargada le exigió que escribiera de puño y letra su renuncia. Ante la negativa, la amenazó con no dejarla retirar sus pertenencias y con iniciar una denuncia penal contra ella y su esposo. La mujer, en ese contexto, firmó la desvinculación. 

Al día siguiente se presentó en la sede del gremio UTHGRA y, con asesoramiento legal, envió un telegrama en el que denunció lo sucedido, pidió anular la renuncia y reclamó el pago de su salario de junio y del aguinaldo. La empresa, Glaciar y Aventura SRL, respondió más de una semana después: la acusó de fingir un conflicto para obtener una indemnización. No dio explicaciones ni realizó los pagos reclamados.

El tribunal sostuvo que la renuncia no cumplió con los requisitos legales y careció de validez. Valoró la reacción inmediata de la trabajadora, entendió que no existió voluntad libre y afirmó que hubo una conducta deliberada para forzar su salida. También tuvo por probado que la empresa no abonó el sueldo de junio ni el aguinaldo, y que los recibos presentados no tenían firma ni respaldo bancario.

El fallo ordenó a Glaciar y Aventura SRL pagar más de 17 millones de pesos, en concepto de indemnizaciones, sueldos atrasados y recargos por incumplimientos legales. La sentencia de primera instancia no está firme y puede ser apelada.