Por: Bache3000

La misiva, que circula entre los vecinos barilochenses, apunta directamente contra el órgano de control externo del municipio por no haber actuado "de manera proactiva" ni iniciado investigaciones sobre hechos que considera de "gravedad institucional", señala el arquitecto Raúl Martinau. El denunciante fundamenta su reclamo en el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la responsabilidad personal de los agentes públicos por los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

Entre los casos que el vecino considera que deberían haber motivado la intervención del Tribunal de Contralor figuran el perjuicio económico derivado del conflicto judicial entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato SOYEM, y la condena judicial contra el intendente Walter Cortés por violencia de género y violencia laboral, situación que "expone al municipio a nuevas responsabilidades legales y económicas".

El autor de la carta también menciona de manera tangencial el tema de una estación de servicios "que nunca vendió combustible", sugiriendo otro caso pendiente de investigación. La denuncia cobra particular relevancia en el actual contexto político local, donde se debate la posibilidad de un referéndum sobre la gestión municipal.

"El Tribunal de Contralor, como órgano de control externo, tiene la obligación de velar por la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Su inacción frente a hechos de gravedad institucional constituye, a mi entender, una omisión incompatible con su mandato constitucional", sostiene el denunciante en su carta.

La misiva no se limita a señalar las presuntas irregularidades, sino que va más allá al solicitar públicamente que se evalúe la actuación del Tribunal de Contralor y se determine si ha incurrido en incumplimiento de deberes. Además, reclama que se adopten "las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Orgánica Nº 1754-CM-2007".

El vecino exige que se inicie un procedimiento formal para investigar estos hechos y evaluar la existencia de responsabilidad personal de los integrantes del Tribunal. En caso de confirmarse irregularidades, solicita que se adopten "las medidas legales pertinentes para la reparación del daño y la eventual remoción del cargo".

La carta concluye con una frase que resume el espíritu de la denuncia: "Bariloche merece funcionarios que respeten la ley, a sus trabajadores y a sus ciudadanos". Esta declaración pública se suma a las voces críticas que cuestiocan diversos aspectos de la gestión municipal y plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de control interno en el gobierno local.

La difusión de esta carta abierta refleja el clima de tensión política que atraviesa San Carlos de Bariloche, donde sectores de la ciudadanía reclaman mayor transparencia y control sobre los actos de gobierno. Resta conocer si las autoridades competentes darán curso a las denuncias planteadas y si el Tribunal de Contralor Municipal responderá públicamente a los cuestionamientos formulados.