Por: Bache3000

En una escueta nota fechada el 6 de agosto, la secretaria de Legal y Técnica, Yanina Andrea Sánchez, se limitó a derivar al concejal a buscar información en la página oficial de la municipalidad, evitando dar respuestas concretas sobre las irregularidades en el proceso de adjudicación del local gastronómico. Esta respuesta resulta llamativa considerando que el pedido de informes había sido presentado precisamente cuando no existía ningún documento público que respaldara la entrega del espacio en el mes de mayo.

El contexto de la consulta se remonta a las declaraciones de una de las cesionarias, quien había confirmado a este medio que pagaba un canon por el uso del espacio, lo que evidenciaba la existencia de un acuerdo que en ese momento no tenía respaldo documental oficial. La situación se volvió más compleja cuando se conoció que el secretario de Turismo había entregado el espacio "de palabra", sin que mediara ningún mecanismo formal que justificara esa elección.

Ahora, cuando uno busca respuestas en la página municipal tal como sugiere la respuesta oficial, encuentra más preguntas que certezas. La documentación publicada, que incluye la Resolución N° 00001690-I-2025 del 12 de agosto donde se ratifica el convenio firmado el 10 de mayo con Lucas Horacio Santillán, Ornela Camila Soldati e Iara Abril Soldati, no aclara aspectos fundamentales del proceso.

La resolución municipal establece que se otorga un "permiso precario" para la explotación del espacio mediante la instalación de diez mesas para comercialización de alimentos y bebidas, pero no especifica quién cobró el canon durante los meses anteriores a la formalización del convenio, cuál es el monto exacto de dicho canon, ni por qué el secretario de Turismo fue quien realizó la entrega inicial sin seguir procedimientos establecidos.

Resulta particularmente llamativo que el convenio, que según la resolución fue firmado el 10 de mayo de 2025, no esté publicado oficialmente en su totalidad, limitándose la información pública únicamente a la resolución que lo ratifica. Más grave aún es que este convenio tampoco fue enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento, cuando la práctica institucional indica que este tipo de acuerdos deberían pasar por el cuerpo legislativo local para su ratificación.

La documentación disponible tampoco explica el criterio utilizado para la selección de los actuales concesionarios, ni si hubo algún proceso de licitación o llamado público que garantizara la transparencia en la adjudicación de este espacio estratégico del Puerto San Carlos.

El permiso otorgado tiene carácter "precario, revocable sin causa y sin derecho a indemnización", según establece la resolución, lo que podría interpretarse como una forma de evitar compromisos a largo plazo, pero también genera incertidumbre sobre la estabilidad del emprendimiento y la inversión que puedan realizar los concesionarios.

La respuesta municipal al pedido de informes del concejal Costa Brutten evidencia una estrategia de evasión que, lejos de generar transparencia, profundiza las dudas sobre el manejo de este espacio público. La derivación a la página web municipal como única respuesta a un pedido formal de informes resulta insuficiente para aclarar las irregularidades denunciadas y no contribuye a la transparencia que debería caracterizar la gestión de los espacios públicos de la ciudad.