Por: Bache3000

La ordenanza 3469-CM-24, que establece la creación de un Plan de Mejoramiento de Transitabilidad para Personas con Discapacidad, fijó en su artículo noveno que la Dirección debía actuar como autoridad de aplicación. Sin embargo, el plazo para reglamentar esta normativa ya se encuentra cumplido sin que se hayan tomado las medidas correspondientes.

Uno de los incumplimientos más graves se refiere a la adaptación de semáforos en la ciudad. La ordenanza establecía en su artículo segundo la obligación de convertir todos los semáforos a "semáforos sonoros", adaptando no menos de cuatro semáforos cada seis meses. El proceso debía comenzar por las principales arterias de San Carlos de Bariloche, pero según el documento, este plazo también se encuentra cumplido sin resultados visibles. La semana pasada, el municipio informó que se está cerca de cumplir con ese objetivo, aunque todavía no hay un plazo exacto.

La situación se agrava cuando se considera que la autoridad municipal está encargada de reglamentar el orden de prioridad en la adaptación de los semáforos, una tarea que permanece pendiente. Asimismo, el artículo quinto de la normativa exigía la colocación de lectores táctiles informativos metálicos en sistema Braille en las paradas de colectivo, con un mínimo de diez lectores cada seis meses. Este compromiso tampoco ha sido cumplido en los plazos establecidos.

La ordenanza también contemplaba la realización de campañas de concientización, según lo establecido en el artículo sexto, y la presentación de un informe anual sobre el avance de la ordenanza, conforme al artículo décimo. Ninguna de estas obligaciones ha sido satisfecha hasta la fecha.

El pedido de información se fundamenta en la Ordenanza 3342-CM-22 de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento de la administración municipal. El documento advierte que la falta de respuesta por parte del funcionario público podría constituir una violación de las ordenanzas 3342-CM-22 y 3469-CM-24.

Las autoridades municipales tienen ahora la responsabilidad de informar sobre el estado de cumplimiento de estas medidas de accesibilidad, especialmente considerando que algunos plazos se encuentran vencidos desde octubre pasado, cuando se cumplieron doce meses de vigencia de la ordenanza. El incumplimiento de estas normativas no solo representa una falta administrativa, sino que afecta directamente la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad en Bariloche.