Por: Bache3000

La denuncia cobra especial gravedad al confirmarse que esta empresa, que funciona irregularmente desde el punto de vista administrativo, es al mismo tiempo proveedora de servicios médicos laborales del propio municipio, situación que se habría generado durante la gestión del actual intendente Walter Cortés.

Según documentación oficial que acompaña la presentación, la Municipalidad confirmó mediante nota 1181 que no existe trámite iniciado a favor de MEDET SALUD & TRABAJO SRL para obtener la habilitación comercial. Más aún, se detectó una precarga en el sistema GOP que no fue procesada hacia el municipio, dejando el trámite sin validez para su tratamiento.

La empresa opera desde un local céntrico de la ciudad prestando servicios médicos laborales, incluyendo atención a empleados municipales, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ordenanza 3018-CM-2018 que regula las habilitaciones de actividades económicas en Bariloche.

Costa Brutten denunció que la actual gestión municipal "ha desarticulado la estructura administrativa municipal de control médico laboral generando una tercerización con un mecanismo que se encuentra fuera de la normativa", lo que derivó en la contratación de servicios con una empresa que no cumple los requisitos legales básicos para operar.

Esta irregularidad administrativa genera múltiples consecuencias legales. Según el concejal denunciante, la contratación de MEDET por parte de la Municipalidad presenta "absoluta nulidad" dado que todo proveedor municipal debe cumplir estrictos requisitos administrativos, incluyendo la inscripción en el registro de proveedores y las exigencias de alta y habilitación comercial.

El edil también cuestionó la disparidad de criterios aplicados por la administración municipal: "Mientras los responsables y funcionarios políticos ordenan diversos controles a los comerciantes de Bariloche, constatamos que insólitamente garantizan y liberan de exigencias y controles a empresas como la denunciada".

La presentación formal solicita que la Secretaría de Fiscalización informe sobre las medidas adoptadas, remita documentación que acredite actuaciones por la falta de habilitación comercial, y proceda a la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su situación conforme a la normativa vigente.

Costa Brutten advirtió que mantendrá "reserva de continuar la presente en vía judicial en caso de corresponder" si no obtiene respuesta satisfactoria a su reclamo.

La situación pone en evidencia un posible trato preferencial hacia determinadas empresas mientras se mantiene fiscalización estricta sobre otros comercios de la ciudad, generando cuestionamientos sobre la equidad en la aplicación de las normativas municipales durante la gestión de Walter Cortés.