Por: Bache3000

El fallo, emitido el 26 de agosto de 2025, hizo lugar a la demanda presentada por los trabajadores de la delegación, quienes denunciaron malos tratos, amenazas y persecución laboral por parte del funcionario político.

Los denunciantes, todos con varios años de antigüedad en la Delegación El Cóndor, relataron situaciones de hostigamiento que incluyeron amenazas de despido, restricciones para acceder a las oficinas, negativa a otorgar permisos y licencias, y represalias por asistir a asambleas sindicales. Uno de los casos más graves fue el de un trabajador quien fue sometido a un sumario administrativo y apartado de sus funciones durante varios meses, aunque posteriormente fue sobreseído.

Por su parte, la única empleada contratada del grupo, denunció que el delegado la amenazó repetidamente con no renovar su contrato. Su temor se concretó cuando, el mismo día que presentó la denuncia el 30 de diciembre de 2024, la Municipalidad dispuso su baja laboral para febrero de 2025. La trabajadora había requerido licencia psiquiátrica debido al estrés generado por la situación.

La prueba testimonial confirmó el clima hostil en la delegación. Los testigos relataron que los denunciantes fueron privados de un lugar físico para tomar refrigerio y debían permanecer en vehículos particulares durante el invierno. También se acreditó que el delegado ejercía represalias contra quienes participaban en actividades sindicales.

El tribunal consideró probados los hechos de violencia laboral e institucional, destacando que violaban derechos humanos fundamentales y el derecho a un trabajo digno. La sentencia citó normativa nacional e internacional sobre prevención de violencia laboral, incluido el Convenio 190 de la OIT ratificado por Argentina.

Breca Aros y la Municipalidad negaron las acusaciones y argumentaron que las medidas respondían a necesidades de organización del trabajo y cumplimiento de horarios. Sin embargo, el tribunal rechazó esta defensa al considerar que no justificaba los tratos denunciados.

Como medidas reparatorias, la justicia ordenó al delegado capacitarse en prevención de violencia laboral y de género en un plazo de 30 días. También dispuso que toda comunicación con los denunciantes se realice a través de intermediarios y que las autorizaciones de salidas y licencias cuenten con intervención de jefaturas directas.

La Municipalidad deberá implementar capacitación en violencia laboral para todo el personal de la Delegación El Cóndor conforme a la normativa municipal vigente. Además, se estableció que el otorgamiento de horas extras debe distribuirse equitativamente.

La sentencia reconoce el derecho de los trabajadores afectados a reclamar medidas reparatorias adicionales por la vía correspondiente. Las costas del juicio fueron impuestas al delegado y solidariamente a la Municipalidad.

El caso refleja la aplicación de normativa específica sobre violencia laboral en el ámbito público municipal y sienta un precedente sobre la responsabilidad de los empleadores de garantizar ambientes de trabajo libres de hostigamiento y discriminación.