Por: Bache3000

El Ministerio Público Fiscal había solicitado la modificación de las medidas cautelares que regían sobre el acusado debido a múltiples incumplimientos de las restricciones impuestas. Según expuso la fiscalía, el imputado fue visto en varias oportunidades junto a la víctima, desacatando así la prohibición de acercamiento y contacto que pesaba sobre él.

La situación se agravó cuando el hombre fue detenido en la terminal de General Roca tras protagonizar disturbios en la vía pública, mientras su dispositivo de monitoreo electrónico permanecía cargando en un local comercial que se encontraba cerrado. Esta circunstancia evidenció nuevamente el incumplimiento de las medidas dispuestas para proteger a la víctima.

La fiscalía también señaló que la situación de calle del imputado dificultaba considerablemente el control efectivo de la tobillera con GPS, dispositivo que había sido implementado precisamente para garantizar la seguridad de la mujer agredida.

Por su parte, la defensa pública penal negó que existiera un incumplimiento deliberado por parte de su defendido, argumentando que los encuentros con la víctima no fueron buscados intencionalmente por él. La defensora sostuvo que el acusado mantiene domicilio en General Roca junto a su padre, que actualmente se encuentra realizando un tratamiento por problemas de adicciones.

La defensa también alegó que su cliente había respetado las pautas establecidas, reconociendo únicamente algunas ausencias ocasionales, y solicitó expresamente que se mantuviera la libertad monitoreada en lugar de decretar la prisión preventiva.

Durante el desarrollo de la audiencia, el imputado ejerció brevemente su derecho a declarar ante la magistrada.

Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva del acusado hasta la finalización del juicio oral y público. La medida será cumplida en el establecimiento penal que determine el Servicio Penitenciario.

En su resolución, la magistrada consideró que las medidas cautelares aplicadas anteriormente no habían resultado eficaces para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas y que la prisión preventiva constituye una medida proporcional para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.

Con esta decisión, la Justicia busca proteger a la víctima de violencia de género y garantizar que el proceso penal pueda desarrollarse sin interferencias, tras constatar que las medidas alternativas no lograron su cometido.