Por: Bache3000

La resolución, emitida el 28 de agosto, responde al caso "Asociación Civil Árbol de Pie y otro s/ Mandamus" y constituye un nuevo capítulo en el conflicto judicial que ya lleva años sin resolverse. En junio pasado, el STJ había ordenado mediante sentencia N° 94 a la Provincia efectuar la revisión completa del OTBN aprobado por la Ley Q 4552 y presentar un plan de trabajo detallado.

En cumplimiento de esa orden, el 7 de agosto la apoderada provincial María Valeria Coronel acompañó el cronograma elaborado por la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Sin embargo, los jueces consideraron que "el plazo total del cronograma de actividades tentativas a realizar resulta a simple vista excesivo" y que "el modo en que fueron presentadas las etapas planteadas no permite evaluar la razonabilidad de las tareas, tiempos referidos ni que se hayan acotado las etapas a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible".

Tomás Guevara, referente de la Fundación Ambiente Desarrollo y Hábitat (FADEHS) , expresó su conformidad con la decisión judicial: "Habíamos señalado que el plan de trabajo era una tomada de pelo. Después de 10 años de incumplimiento piden 3 años para terminarlo. Por suerte el STJ opina lo mismo". Guevara agregó que "básicamente el STJ les rechaza el plan de trabajo porque los plazos son muy largos y no fundamenta por qué" y manifestó su sorpresa por la firmeza del tribunal: "La verdad estamos de lo más sorprendidos en cómo se puso las pilas el STJ. Se ve que era muy burdo ya".

El ambientalista también señaló la responsabilidad del Ejecutivo provincial: "Contreras y Confini tiene que darle máxima prioridad a la actualización del OTBN", en referencia al gobernador Alberto Weretilneck y al ministro de Desarrollo Económico y Productivo.

El tribunal destacó en su resolución "la complejidad y trascendencia de la cuestión, tanto para Río Negro como también para el conjunto de la región forestal andino patagónica y otras del país que se encuentran en situaciones similares de desprotección e incertidumbre".

La Provincia de Río Negro ahora deberá presentar un nuevo plan que precise las tareas a realizar en cada etapa, los responsables de la ejecución y los plazos acordados para cada una de ellas, bajo la amenaza de nuevas medidas judiciales si no cumple con los tiempos establecidos.

Este caso pone en evidencia la tensión existente entre los intereses ambientales y los tiempos de la gestión pública en una provincia donde la actualización del ordenamiento territorial forestal se ha convertido en una deuda pendiente de larga data.