Por: Bache3000

La situación surge a partir de las metas establecidas en el presupuesto 2025, que contempla una drástica reducción en el número de pensiones: de las actuales 1.266.945 se pasaría a 749.451 hacia finales del año próximo. Esta disminución de más de medio millón de beneficiarios ha generado alarma entre los sectores afectados.

Según el informe oficial, el principal problema radica en que medio millón de personas nunca fueron "fehacientemente notificadas" sobre la obligación de realizarse estudios médicos actualizados y presentar documentación ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los beneficiarios, aparentemente, no recibieron las cartas documento correspondientes del organismo oficial.

Esta falla en las notificaciones podría convertirse en la justificación legal para cancelar las pensiones, de acuerdo con lo establecido en el decreto 843/2024, firmado por Federico Sturzenegger. La normativa permite dar de baja los beneficios cuando se presume que los beneficiarios no mantienen actualizado su domicilio, responsabilidad que el gobierno atribuye a los propios pensionados.

La revelación de Francos expone una paradoja administrativa: el Estado reconoce que no logró notificar adecuadamente a los beneficiarios sobre los nuevos requisitos, pero al mismo tiempo pretende utilizar esta falta de respuesta como fundamento para cancelar las pensiones.

El caso pone en evidencia las deficiencias del sistema de comunicación gubernamental con los sectores más vulnerables de la población, mientras que las metas presupuestarias sugieren una política deliberada de reducción del gasto en pensiones por discapacidad.

Los afectados se encuentran en una situación de indefensión jurídica, ya que podrían perder sus beneficios por no cumplir con requisitos de los que nunca fueron debidamente informados, configurando lo que podría considerarse una violación al debido proceso administrativo.