Por: Bache3000

La investigación sindical reveló que la licitación pública 12/25 adjudicó a cinco empresas —Implantec, MSZ, Cetro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad— la provisión de lentes para cirugías de cataratas por $80.730.354.421, un monto que excede significativamente los valores habituales del mercado. Esta sobrefacturación representa una pérdida millonaria para el erario público en un contexto de ajuste y recortes en el gasto social.

El escándalo se profundiza con las denuncias sobre el uso político de la campaña oftalmológica. Referentes de La Libertad Avanza aprovecharon los recursos estatales para vincular su imagen personal a esta política pública, transformando lo que debería ser una prestación sanitaria neutral en una herramienta de promoción partidaria. Esta práctica constituye una clara violación de los principios de imparcialidad que deben regir el manejo de los fondos públicos.

Particularmente llamativo resulta el caso de los profesionales asignados al programa. ATE constató que se trata de militantes libertarios cuyas facturaciones a PAMI se triplicaron, alcanzando los $30.000.000 en julio. Esta escalada en los pagos coincide temporalmente con el lanzamiento de la campaña, lo que genera serias sospechas sobre los criterios utilizados para su contratación y la legitimidad de los montos abonados.

La calidad del servicio también está en entredicho. Las ópticas rionegrinas reportan una avalancha de quejas de jubilados por anteojos mal confeccionados, situación que ha motivado la preparación de una denuncia formal ante la Cámara Argentina de Ópticas. Este deterioro en la prestación sugiere que los sobreprecios no se traducen en mejores servicios, sino que podrían estar encubriendo maniobras fraudulentas.

El panorama se complica aún más con la confirmación de contratos entre PAMI y la Droguería Suizo Argentina, empresa que ya tiene antecedentes de corrupción con la ANDIS. Para ATE, estos acuerdos forman parte de una trama más amplia que requiere investigación urgente, considerando que podrían representar "solo la punta del iceberg" de un esquema de corrupción sistémico.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, fue contundente al señalar la eliminación de controles y auditorías desde que asumió la actual gestión. "Son evidentes los sobreprecios y el pago de retornos en la provincia. PAMI está pagando muy por encima de los valores de mercado", declaró el dirigente sindical, quien también cuestionó la "utilización política y partidaria" de la obra social estatal.

La denuncia expone una doble problemática: por un lado, el despilfarro de recursos públicos a través de sobreprecios que superan en un tercio los valores normales; por otro, la partidización de organismos que deberían mantener neutralidad política. En un contexto donde el gobierno predica austeridad y eficiencia en el gasto público, estas irregularidades resultan particularmente graves y contradictorias con el discurso oficial.

Las autoridades provinciales de PAMI aún no han brindado explicaciones satisfactorias sobre estas denuncias. La falta de respuestas institucionales agrava la situación y alimenta las sospechas sobre la existencia de una red de corrupción que involucra tanto sobrefacturación sistemática como el pago de coimas a funcionarios y empresarios del sector.

La magnitud económica del caso y su impacto en la atención de miles de afiliados reclama una investigación exhaustiva por parte de la justicia. Los jubilados rionegrinos, que deberían ser los principales beneficiarios de estos programas sanitarios, se encuentran en cambio padeciendo servicios deficientes mientras sus aportes son desviados hacia esquemas que privilegian el lucro político y empresarial por sobre el derecho a la salud.