Por: Bache3000

La batalla comenzó en mayo y julio cuando Milei, amparado en las facultades delegadas por la Ley de Bases, dictó cuatro decretos que sacudían la estructura del Estado argentino. Los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 disolvían organismos históricos, fusionaban institutos culturales y desmantelaban la arquitectura de control vial que funcionaba desde hace décadas.

El golpe más duro llegó cuando ambas cámaras del Congreso rechazaron en bloque estas medidas. La Cámara de Diputados lo hizo mediante las resoluciones 43, 44, 94 y 95, mientras que el Senado respondió con las resoluciones 53, 54, 55 y 56, todas de agosto pasado. El mensaje fue claro: el Poder Legislativo no avalaba la transformación "caníbal" que el Ejecutivo pretendía imponer.

Entre los organismos que Milei había intentado eliminar figuraban la emblemática Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. También había dispuesto la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y la transformación de instituciones culturales como el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Sanmartiniano.

La reacción de Milei no se hizo esperar, pero lejos de la confrontación esperada, optó por una retirada táctica envuelta en argumentos jurídicos. En el decreto que restituye la vigencia de todos los organismos, la Casa Rosada argumenta que el Congreso generó un "vacío normativo de extrema gravedad" al rechazar las medidas sin establecer un marco jurídico alternativo.

El documento, de 27 páginas, está plagado de citas doctrinarias y jurisprudenciales que intentan justificar lo injustificable: que un gobierno que llegó prometiendo "dinamitar" el Estado se vea obligado a reconstruir exactamente lo que había destruido. La ironía es palpable cuando el decreto invoca principios de "seguridad jurídica" y "buena administración" para explicar por qué debe