Por: Bache3000

Cinco concejales de la oposición presentaron una demanda por conflicto de poderes argumentando algo simple pero fundamental: según la Carta Orgánica Municipal, solo el Concejo Deliberante puede decidir hacer un referéndum, no el intendente. Es como si el presidente decidiera por decreto que hay que hacer una consulta popular cuando esa decisión le corresponde al Congreso.

La presentación, fue firmada por una amplia gama de sectores, incluso que no comulgan entre si: Leandro Costa Brutten, Facundo Villalba, Samanta Echeñique, Julieta Wallace, y Roxana Ferreyra.

La historia comenzó el 2 de julio cuando Cortés anunció en conferencia de prensa que haría esta consulta masiva. Al día siguiente, en el Concejo, los ediles se manifestaron en contra y convocaron al intendente a dar explicaciones el 6 de agosto. Cortés no fue. Después, el 14 de agosto, el Concejo aprobó por mayoría una comunicación rechazando formalmente el referéndum por considerar que el intendente se estaba metiendo en terreno ajeno.

Las preguntas del referéndum no son menores. Una propone crear un "plan solidario" para obras viales que costaría más de 19 mil millones de pesos y que pagarían todos los contribuyentes de la tasa municipal, pero la gente no fue informada de este costo cuando se anunció la consulta. Otra pregunta es sobre autorizar Uber y similares, pero incluye la creación de una nueva tasa que solo puede establecerse por ordenanza del Concejo. También se pregunta sobre una "contribución turística", otro impuesto que requiere el mismo procedimiento.

Pero hay algo más grave. Una de las preguntas propone dejar de pagarle el sueldo a los dirigentes del sindicato municipal y modificar el régimen de licencias. Este proyecto ya fue tratado y rechazado por el Concejo, y según el reglamento interno no se puede volver a tratar hasta dentro de seis meses. Además, los concejales sostienen que eliminar el salario de los dirigentes gremiales viola leyes nacionales y convenios internacionales sobre derechos laborales. Esto puede acarrear juicios millonarios (como los que ya perdió Cortés), contra el municipio.

El caso se vuelve más extraño cuando miramos los detalles. Algunos proyectos que Cortés quiere consultar ni siquiera existían cuando publicó las primeras resoluciones del referéndum en julio. Otros son de su propia autoría y los presentó en el Concejo pero después no los impulsó en las comisiones. Es decir, en lugar de hacer su trabajo de promover sus propios proyectos en el ámbito legislativo, decidió saltarse al Concejo y preguntarle directamente a la gente.

Los concejales denuncian que esto es una "vía de hecho", una maniobra ilegal para conseguir por referéndum lo que no puede obtener en el Concejo, porque el propio gobierno no impulsa los proyectos. Argumentan que el intendente está usando a los ciudadanos como un atajo para evitar el debate legislativo y los controles institucionales que exige la democracia representativa.

También hay problemas técnicos serios. La resolución del referéndum establece una multa equivalente al precio de una bolsa de cemento de 50 kilos para quien no vote, pero las multas solo pueden crearse por ordenanza. Además, excluye del padrón a los extranjeros de 16 a 18 años, cuando el Código Electoral Municipal los habilita a votar desde los 16.

La Junta Electoral Municipal, que debería ser independiente, actuó en sintonía con el Ejecutivo aprobando el cronograma del referéndum y el modelo de boleta, y hasta pidió usar la sala de sesiones del Concejo para hacer el escrutinio. Los concejales rechazaron esta última petición por considerarla contradictoria con su posición institucional.

En sus declaraciones públicas, Cortés justificó el referéndum diciendo que los concejales "le ponen palos en la rueda" y que no quiere "comer en el baño" refiriéndose al Concejo. Los concejales interpretan estas declaraciones como un ataque sistemático al órgano deliberativo que pone en riesgo la estructura institucional del gobierno municipal.

La demanda judicial busca que se declare la nulidad de las tres resoluciones que convocan al referéndum por considerar que violan la división de poderes, la legalidad y el debido proceso. Los concejales argumentan que están defendiendo no solo sus derechos como legisladores sino los de toda la ciudadanía, porque permitir este precedente significaría que cualquier intendente podría en el futuro saltarse al concejo deliberante cuando no consiga los votos necesarios para sus proyectos.

El caso refleja una tensión más profunda sobre los límites del poder ejecutivo y el valor de las instituciones democráticas. Los referéndums son herramientas valiosas de participación ciudadana, pero como cualquier instrumento de la democracia, tienen reglas y procedimientos que no se pueden ignorar por conveniencia política. La pregunta de fondo es si un intendente puede decidir unilateralmente qué se consulta y cuándo, o si esas decisiones deben pasar por el tamiz del debate legislativo, incluso cuando ese debate sea lento o incómodo.

El Superior Tribunal deberá decidir si este referéndum de noviembre se hace o no, pero más importante aún, deberá definir hasta dónde puede llegar el poder de un intendente cuando choca con las atribuciones del concejo deliberante. La respuesta marcará un precedente para todos los municipios de Río Negro sobre cómo se entiende la división de poderes en el nivel local.