Por: Bache3000

El jueves, en el Senado argentino, se escribió una página que Javier Milei preferiría arrancar del libro. Sesenta y tres senadores —¿sesenta y tres?, sí, sesenta y tres— le dijeron que su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no valía ni el papel en que estaba escrito. Siete lo defendieron. Siete contra sesenta y tres. Las matemáticas, esa ciencia exacta que tanto le gusta al presidente economista, jugaron en su contra.

¿Y qué había pasado antes? Que en agosto, la Cámara de Diputados ya había hecho lo mismo. Dos cámaras, mismo resultado: el veto presidencial convertido en letra muerta. La última vez que esto pasó en Argentina —la última vez que un Congreso se plantó así ante un presidente— fue en 2003, cuando Eduardo Duhalde ocupaba la Casa Rosada. Veinte años, dos décadas de presidentes que lograban imponer sus vetos. Hasta ahora.

Milei había argumentado —claro, siempre hay argumentos— que la ley comprometía el equilibrio fiscal, que no se sabía de dónde iban a salir los fondos, que el gasto público era el demonio y que él había venido a salvarnos de ese demonio. El presidente motosierra, le dicen. El que vino a recortar todo lo que se moviera.

Pero del otro lado estaban las personas con discapacidad, esas que necesitan que el Estado —ese Estado que Milei querría reducir a su mínima expresión— les dé una mano. Y estaban los legisladores, esos que fueron elegidos para representar al pueblo, no para ser escribanos del Ejecutivo.

Ahora viene lo interesante: desde el Gobierno ya anunciaron que van a judicializar la medida. Es decir, que van a pedirle a los jueces que hagan lo que no pudieron hacer en el Congreso. La democracia representativa convertida en un trámite molesto, un obstáculo en el camino hacia... ¿hacia dónde?

Todo esto pasa —¿casualidad?, no hay casualidades en política— cuando faltan días para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y semanas para las intermedias de octubre. Milei necesita más bancas en el Congreso. Necesita que sus vetos no se caigan como castillos de naipes. Necesita que su voluntad sea ley.

Pero el jueves, en el Senado, la realidad le recordó que en democracia las cosas no funcionan así. Que un presidente puede tener la lapicera, pero que el Congreso tiene la última palabra. Que sesenta y tres votos pesan más que uno, por más que ese uno venga acompañado de toda la parafernalia del poder.

La pregunta que queda flotando en el aire porteño es si este veto caído es una anécdota o el comienzo de algo más grande. Si es el primer tropiezo de un presidente que creía que gobernar era solo cortar, o si es la señal de que en Argentina todavía funciona eso que llaman división de poderes.

El tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Mientras tanto, las personas con discapacidad pueden respirar un poco más tranquilas. Al menos por ahora, al menos hasta que los jueces digan lo suyo.

Argentina, país donde cada victoria es provisional y cada derrota, también.