Por: Bache3000

La trabajadora fue notificada de su despido mediante carta documento el pasado jueves, en una decisión que las autoridades municipales justificaron por "llegadas tarde". Sin embargo, desde el sindicato denuncian que se trata de un caso gravísimo de discriminación laboral, ya que las tardanzas estaban directamente relacionadas con la situación de violencia que padecía la empleada.

La gravedad del caso se evidencia en que la mujer había llegado a necesitar un botón antipánico, dispositivo que se otorga en situaciones de alto riesgo para víctimas de violencia de género. Además, el Servicio Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SENAF) había intervenido para proteger a los menores involucrados, lo que demuestra la complejidad y seriedad de la situación familiar que atravesaba la trabajadora.

Lo más preocupante del caso es que, según denuncia SOYEM, desde recursos humanos y medicina laboral de la municipalidad nunca se activaron los protocolos correspondientes para casos de violencia de género, pese a que existe una ordenanza municipal específica sobre el tema. Esta omisión constituye una grave irregularidad administrativa y una violación de los derechos laborales de la empleada.

Los dirigentes sindicales advirtieron sobre las consecuencias legales que podría enfrentar la administración municipal por esta decisión. "El juicio que se pueden comer la municipalidad" fue la expresión utilizada para graficar la magnitud del problema jurídico que se avecina, considerando que se trata de un despido discriminatorio hacia una víctima de violencia de género en situación de extrema vulnerabilidad.

Este caso se suma a una serie de conflictos laborales que han llevado al sindicato a convocar una asamblea para este lunes 8 de septiembre a las 8:00 horas en el Gimnasio Germán González. Los trabajadores municipales también reclaman el cumplimiento de acuerdos paritarios pendientes, específicamente la implementación de la trayectoria horizontal y la resolución por títulos.

La situación pone en evidencia las fallas del sistema municipal para abordar casos de violencia de género entre su personal, y plantea serios interrogantes sobre los mecanismos de protección laboral para empleadas que atraviesan situaciones de riesgo. El caso podría sentar un precedente importante en materia de derechos laborales y protección a víctimas de violencia de género en el ámbito público.

SOYEM considera este episodio como emblemático del deterioro de las relaciones laborales en la municipalidad y espera que la asamblea defina acciones contundentes para revertir esta situación y evitar que se repitan casos similares en el futuro.