Por: Bache3000

La presentación, realizada por Leandro Costa Brutten en representación de los afectados, expone una situación crítica que marcó la temporada de esquí 2025. Según el documento, el centro invernal abrió parcialmente recién el 29 de junio con nieve artificial en sectores limitados, operando con menos del 7% de las 58 pistas promocionadas en la publicidad oficial.

La realidad distó enormemente de lo prometido. De los anunciados "más de 100 kilómetros de pistas", solo estuvieron disponibles aproximadamente 3 kilómetros distribuidos en Cascada, Zorrito, Eventos y Play Park. La situación se agravó con el funcionamiento de apenas tres de los 27 medios de elevación: Ciprés, Princesita y las magic carpets, que además cerraron anticipadamente a fines de agosto.

Los residentes denuncian que no se habilitaron pistas intermedias ni avanzadas durante toda la temporada, lo que consideran un incumplimiento flagrante de las expectativas razonables generadas al momento de la compra. La escasez extraordinaria de nieve natural, combinada con una provisión insuficiente de nieve artificial, limitó severamente el servicio ofrecido a quienes habían realizado un "extraordinario esfuerzo económico" para adquirir sus pases entre octubre y diciembre de 2024.

 

 

 

 

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La situación se agravó particularmente para los residentes de Dina Huapi, quienes quedaron completamente impedidos de usar sus pases debido a una medida cautelar judicial que les prohibió el acceso, vulnerando las condiciones originales de venta acordadas.

Costa Brutten argumenta que existe un claro incumplimiento contractual y publicidad engañosa, ya que la promoción de "más de 100 km de pistas" formaba parte integral de la oferta contractual. El peticionante advierte que, de no obtener una respuesta favorable, iniciará acciones ante la Oficina Municipal de Información y Defensa del Consumidor (OMIDUC) y, eventualmente, recurrirá a la vía judicial invocando la Ley de Defensa del Consumidor.

La solicitud se basa en fundamentos legales sólidos, incluyendo la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege frente a desequilibrios en la prestación de servicios y publicidad engañosa, así como en las obligaciones contractuales de la concesión, donde EAMCEC debe actuar como ente fiscalizador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de CAPSA.

Los residentes califican la situación como "excepcional" y argumentan que el servicio de esquí fue "inaccesible por causas imputables a la concesionaria y factores climáticos imprevisibles". Sostienen que CAPSA incluso intentó modificar unilateralmente las condiciones de venta al inicio de la temporada, acción que fue oportunamente impedida por EAMCEC.

La presentación formal solicita que el Directorio de EAMCEC incluya el tema en su orden del día y emita una resolución que ordene a CAPSA acreditar los montos del pase 2025 como crédito para el pase residente 2026, como una "excepción justificada por las condiciones excepcionales de la temporada".

Paralelamente, Costa Brutten adelantó que enviará una carta documento directamente a CAPSA formalizando el reclamo y estableciendo los fundamentos legales de la demanda de acreditación, lo que intensifica la presión sobre la concesionaria para resolver favorablemente la situación de los esquiadores residentes.

Esta controversia pone en evidencia las tensiones entre los usuarios locales del cerro y la gestión de la concesionaria, en un contexto donde las expectativas de servicio no se condijeron con la realidad operativa de una temporada marcada por condiciones climáticas adversas y limitaciones en la infraestructura de nieve artificial.