Por: Bache3000

La diferencia con lo que pasó hace pocos días es notable: cuando la Asociación de Profesionales, Técnicos y Afines (APAT) presentó un recurso similar, Crespo lo rechazó por no cumplir con los requisitos formales. Ahora no solo legitimó la acción de los concejales, sino que le dio curso completo. La diferencia está en quién presenta la demanda y cómo la presenta.

Los concejales Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra, Facundo Villalba y Samanta Echenique, con el patrocinio de la abogada Griselda Ingrassia, lograron que la Procuración les dé la razón. Habían planteado que Cortés se extralimitó con sus resoluciones 1453-I-2025, 1459-I-2025 y 1589-I-2025, esas que convocan para el 9 de noviembre a un referéndum con diez preguntas que van desde crear un plan solidario para obras viales hasta donar un inmueble a los excombatientes de Malvinas.

El dictamen de Crespo es demoledor para el intendente porque, en la práctica, el Superior Tribunal suele fallar siguiendo la interpretación del Procurador. Y Crespo fue claro: Cortés invadió competencias que no le corresponden, metiéndose en terreno del Concejo Deliberante cuando decidió someter a consulta popular temas que requieren ordenanzas.

La estrategia de estos cinco concejales de diferentes bloques políticos - Incluyendo Bariloche, Nos Une Río Negro, Primero Río Negro y Juntos por el Cambio - fue quirúrgica. No atacaron el derecho a la consulta popular en sí mismo, sino la forma: denunciaron que Cortés quiso saltarse el trámite legislativo que exige la Carta Orgánica Municipal para temas como la creación de tributos, la regulación de servicios de transporte o el manejo del patrimonio municipal.

Lo que molesta a los concejales, y que ahora el Procurador avaló, es que varias de esas diez preguntas del referéndum implican decisiones que por ley debe tomar el Concejo. Preguntar sobre una "contribución turística" es lo mismo que crear un impuesto sin ordenanza. Consultar sobre el funcionamiento de aplicaciones de transporte privado significa regular un servicio sin pasar por el órgano legislativo municipal. Y así con casi todas las preguntas.

El intendente quiso hacer la suya sin importar normativas, leyes, constituciones, y la Carta Orgánica, pero se topó con la pared de la división de poderes. Ahora Cortés deberá esperar que el Superior Tribunal resuelva si puede seguir adelante con su referéndum del 9 de noviembre o si debe dar marcha atrás.

En definitiva, deberá aceptar la democracia. Un gobierno no puede ser un capricho sin entender que existen otros que piensan distinto, y representan a la sociedad.

Para los concejales que promovieron la demanda, este dictamen favorable de Crespo representa un triunfo importante. No solo frenaron lo que consideraban un atropello institucional, sino que además pusieron un límite claro a las pretensiones del ejecutivo municipal de resolver por la vía rápida cuestiones que requieren debate y sanción legislativa.

Además, hay cosas inexplicables: tiene el presupuesto aprobado para pavimentar calles. Y en el referendum pretende crear otra tasa aparte, sin que nadie discuta nada. Simplemente que todos paguemos sin chistar. Eso, no se puede hacer en un sistema representativo y con división de poderes.

El expediente VI-00036-O-2025 ahora pasa al tribunal para sentencia. Y si la historia judicial de la provincia sirve de referencia, las chances de Cortés de que le den luz verde a su referéndum se ven cada vez más complicadas. El Superior Tribunal de Justicia tiene la última palabra.