Por: Bache3000

La Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB) vive una profunda crisis institucional tras suspenderse por segunda vez la asamblea que estaba programada para el 16 de septiembre, ahora reprogramada para el 29 del mismo mes. El motivo oficial es la falta de legalización del balance por parte del Consejo de Ciencias Económicas, pero detrás de esta decisión se esconde un conflicto que tiene en vilo a los socios de la entidad.

La situación se agravó cuando la Lista Blanca convocó hoy a las 11 de la mañana a una conferencia de prensa para denunciar lo que consideran "maniobras para desarticular el control sobre los fondos de la cooperativa y eliminar la oposición" de cara a las elecciones del 18 de octubre próximo. Lo llamativo es que la nueva convocatoria de la asamblea fue realizada ayer, luego del anuncio de esta conferencia de prensa por parte de la Lista Blanca.

En el marco de la conferencia de prensa de hoy, los fiscalizadores Gustavo Mardones, Marcial Torres y Ximena Ñanco, junto a los consejeros Cecilia Sandoval, Martin Enevoldsen, José Luis Poggi, Pamela Najul y Carlos Aristegui, explicaron las irregularidades encontradas en los balances que motivaron su cuestionamiento. El punto más grave es una diferencia de 10 mil millones de pesos en intereses relacionados con un convenio de reconocimiento de deuda con APUAYE (gremio de profesionales).

"Llamaba la atención que en la memoria nombraban que de intereses iban a pagar 10 mil 600 millones de pesos. Eso representa casi el 30% del patrimonio de la cooperativa", explicaron los fiscalizadores durante sus declaraciones de hoy. La inconsistencia surge porque mientras el capital del acuerdo es de 163 millones de pesos, los intereses ascienden a 10.600 millones, una proporción que los fiscalizadores consideran ilógica y que equivale a "casi mitad de año de cobranzas" de la cooperativa.

Los fiscalizadores también detectaron irregularidades en los balances de AVC, empresa controlada por la cooperativa, donde encontraron que para un solo ejercicio existen tres balances: uno correspondiente a la gestión anterior y dos rectificativos, donde el rectificativo 2 hace referencia a que hubo un error en el rectificativo 1. Al solicitar información sobre cuál fue ese error y la documentación del primer rectificativo, los fiscalizadores explicaron que "esa información la pedimos el 13 de agosto y hasta el día de hoy no la hemos recibido, hemos insistido y sin respuesta".

La respuesta de la actual conducción de la CEB fue incluir en el orden del día de la próxima asamblea el pedido de remoción de los fiscalizadores por "dilación u obstrucción", precisamente a quienes están señalando todas estas irregularidades. Los fiscalizadores denuncian que intentan echarlos de la cooperativa por ejercer su función de control. "Somos el órgano de contralor y estas cuestiones que nosotros les marcamos, evidentemente les molestó", señalaron en la conferencia de prensa. Además, denunciaron que fueron tres las ocasiones en que marcaron el error de los 10 mil millones de pesos y otras incongruencias del balance, sin obtener respuesta formal alguna por parte del Consejo de Administración.

Carlos Aristegui también relató durante la conferencia la denuncia que la Lista Roja presentó en su contra. Según explicó, se trata del mismo informe técnico que fue aprobado por todo el consejo -oficialistas y opositores- para determinar si contaba con doble voto presidencial, y que fue pagado durante la gestión de Alejandro Pozas. "Algo que está avalado por ellos mismos. Y eso consta en actas", señaló Aristegui, calificando la denuncia como contradictoria.

Aristegui, además, indicó que todos los integrantes "tenemos miedo dada la experiencia que tuvimos en una asamblea en donde participó Walter Cortes en Bomberos Voluntarios, que haya hechos de violencia contra los delegados y los consejeros, dado que es la forma en que actúa la Lista Roja".

Desde la Lista Blanca sostienen que estas acciones responden a una estrategia para eliminar cualquier control sobre el manejo de los fondos cooperativos y debilitar a la oposición antes de las elecciones de octubre. "No quieren control ni que los barilochenses elijan", expresaron durante la conferencia de prensa, quienes ven en la convocatoria de último momento -realizada apenas un día después del anuncio de su conferencia- una confirmación de sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de la actual conducción: echar de la cooperativa precisamente a quienes están señalando las irregularidades en el manejo de los fondos.

La crisis institucional en la CEB promete intensificarse en las próximas semanas, con una asamblea que definirá no solo la aprobación de balances cuestionados, sino también el futuro de los fiscalizadores que los objetaron y el clima previo a las elecciones cooperativas de octubre.