sábado 13 de septiembre de 2025 - Edición Nº212

Poliladron | 12 sep 2025

JUICIO POLÍTICO

Afuera por hacer la plancha: Destituyeron al juez laboral Guerra Labayén y no podrá ejercer cargos por cinco años

El magistrado acumuló 25 causas con plazo vencido y perdió competencia en ocho expedientes entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Quedó inhabilitado por cinco años para ocupar cualquier cargo judicial.


Por: Bache3000

El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió por unanimidad destituir al juez de la Cámara del Trabajo de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, e inhabilitarlo por cinco años para ocupar cualquier otro cargo judicial. La decisión se adoptó tras un proceso disciplinario que analizó conductas reiteradas de incumplimiento en el dictado de sentencias y la pérdida de competencia en diversos expedientes.

El juicio político repasó hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024, período en el que se acreditó que el magistrado acumuló veinticinco causas con plazo vencido para fallar. De estas, diecisiete se consideraron como parte del primer hecho reprochable: el atraso sistemático en la emisión de sentencias definitivas. A esto se sumaron ocho expedientes en los que se configuró la pérdida de competencia.

El Consejo advirtió que en el caso de las pérdidas de jurisdicción "se produce un quiebre institucional diferente, que excede de un atraso, a partir del desplazamiento forzado de la jurisdicción".

Durante el debate, Guerra Labayén reconoció los atrasos pero intentó justificarlos en su búsqueda de calidad técnica y excelencia en las resoluciones. Esta argumentación fue expresamente rechazada por el órgano disciplinario, que consideró "inadmisible" la afirmación del magistrado en cuanto a que el mayor tiempo insumido resultaba ventajoso para el sistema al asegurar la irrecurribilidad de sus fallos.

"Omite el juez que la calidad de los fallos debe ser correlativa a la obligación de dictarlos en tiempo y forma", señaló la resolución. El Consejo destacó que el magistrado no mostró reflexión ni arrepentimiento por las conductas reprochadas. Por el contrario, mantuvo hasta el final una postura orientada a justificar su proceder bajo el argumento de la solidez de sus fallos.

Los testimonios incorporados durante el debate dieron cuenta de la magnitud de las demoras y de los intentos infructuosos de otros integrantes de la Cámara por revertirlas. Colegas y funcionarios describieron la reiterada imposibilidad de lograr que el juez emitiera sus votos dentro de los términos legales. También se acreditó que, pese a las advertencias y recomendaciones de la Auditoría Judicial, no adoptó medidas concretas para normalizar la situación hasta que fue sometido al proceso disciplinario.

La resolución advirtió que "todo el entramado de exigencias constitucionales, legales y reglamentarias ha sido ignorado por el enjuiciado en el ejercicio de la magistratura", situación que produjo "una severa pérdida de confianza en los justiciables y en los letrados, auxiliares de Justicia, con el consiguiente deterioro de la consideración pública hacia uno de los pilares de nuestro sistema republicano como es el Poder Judicial".

El Consejo remarcó además que las causas laborales involucradas tienen carácter alimentario, lo que hace que las demoras prolongadas vulneren derechos fundamentales de los trabajadores y afecten directamente sus condiciones de vida.

"La celeridad del proceso es un aspecto fundamental del derecho a la jurisdicción de los justiciables, que claramente se ve vulnerado cuando la sentencia no se resuelve en un tiempo oportuno", recordó el órgano disciplinario.

En su análisis final, el Consejo concluyó que los hechos probados evidencian un apartamiento grave e injustificado de las obligaciones constitucionales y legales de un magistrado. Consideró que la persistencia de la conducta, la ausencia de arrepentimiento y la falta de reflexión sobre la responsabilidad institucional constituyen razones suficientes para sostener que Guerra Labayén perdió la idoneidad necesaria para el cargo.

El Consejo estuvo encabezado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, los legisladores Marcela González Abdala, Juan Murillo Ongaro y Marcelo Szczygol, el juez Gustavo Bronzetti Núñez y los representantes del Colegio de la Abogacía Candela Fanton, Luisina Devia y Maximiliano Mullally Bratulich. La acusación la llevó adelante el Procurador Jorge Crespo y la defensa el abogado Fernando Chironi.

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