Por: Martín Pargade

El decreto 651 observa y devuelve el proyecto de ley 27.796 de Emergencia Pediátrica, mientras que el decreto 647 hace lo propio con la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Ambas iniciativas habían logrado el respaldo del Congreso tras un intenso debate sobre la crisis presupuestaria que atraviesan estos sectores.

La decisión presidencial ha generado un fuerte rechazo tanto de los rectores universitarios como de la comunidad educativa en general, quienes venían reclamando una respuesta urgente ante el deterioro salarial y la falta de recursos. El sector universitario atraviesa una situación crítica, con docentes e investigadores que han visto erosionados sus ingresos por la inflación y la falta de actualización presupuestaria.

El panorama político previo a la sesión muestra un escenario complejo para el oficialismo. Se descuenta que los votos de los bloques peronistas rechazarán el veto, manteniendo su posición histórica de defensa de la educación pública y la salud. En el extremo opuesto, las diputadas Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello han confirmado su apoyo al veto presidencial, alineándose con la postura del gobierno nacional.

Sin embargo, el cambio más significativo se produce en Juntos por el Cambio, donde se registró un giro en la posición del bloque. Esta modificación se produjo luego de que el diputado Agustín Domingo se ausentara y posteriormente votara negativamente en decisiones similares. El gobernador Alberto Weretilneck fue claro al señalar que su partido ahora rechazará la medida, considerándola "incongruente con el discurso provincialista".

Esta posición de Weretilneck resulta particularmente relevante, ya que refleja una tensión entre el discurso federalista que tradicionalmente sostienen los partidos provinciales y las decisiones concretas que afectan directamente a las provincias. El financiamiento universitario y la emergencia pediátrica impactan de manera directa en las jurisdicciones provinciales, que deben complementar los recursos nacionales para sostener estos servicios esenciales.

En este contexto, las posiciones de los legisladores comienzan a definirse con mayor precisión. El diputado Sergio Capozzi adelantó su postura respecto a ambos vetos, marcando una clara diferenciación entre los dos temas. "Garrahan no apoyo el veto", afirmó categóricamente el legislador, refiriéndose a la emergencia pediátrica que afecta al emblemático hospital.

Para Capozzi, el Hospital Garrahan representa "la nave insignia de nuestra salud pública, donde diariamente se atienden más de 600 chicos de todo el país e incluso del exterior". El diputado destacó los 38 años de trayectoria de la institución, caracterizada por "la excelencia multidisciplinaria, personal médico laureado y prestaciones quirúrgicas que solo allí se llevan a cabo".

La posición del legislador se fundamenta en una realidad que considera inadmisible: "No es posible que un médico gane menos que un empleado doméstico cuando tiene en algunos casos décadas de formación profesional". Esta comparación refleja la profundidad de la crisis salarial que atraviesa el sector sanitario, donde profesionales altamente especializados perciben remuneraciones que no guardan relación con su formación y responsabilidad.

Respecto al financiamiento universitario, Capozzi adoptó una postura más cautelosa, anunciando que esperará "al lunes cuando el Presidente entregue el proyecto de ley de Presupuesto". Su decisión final dependerá de poder analizar "cuáles son las partidas destinadas al financiamiento" en el proyecto presupuestario para 2026.

Esta estrategia de esperar el presupuesto antes de definir el voto refleja la complejidad del debate y podría ser adoptada por otros legisladores indecisos. Muchos quieren evaluar si el gobierno incluirá partidas específicas para el sector universitario en el proyecto de ley de presupuesto, lo que podría atenuar el impacto del veto y ofrecer una alternativa concreta de financiamiento.

El cambio de postura en sectores como Juntos por el Cambio podría resultar determinante en una votación que se perfila ajustada. La defección de diputados que anteriormente apoyaban las posiciones del gobierno nacional representa un desafío adicional para el oficialismo, que deberá trabajar intensamente para mantener los votos necesarios para sostener el veto.

La sesión del miércoles no solo tratará estos vetos. El temario incluye múltiples pedidos de informes relacionados con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno, incluyendo a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Estos pedidos se refieren a presuntos cobros ilegales en la contratación de medicamentos y en el área de discapacidad.

También se debatirán varios proyectos para crear comisiones investigadoras sobre la comercialización de fentanilo contaminado, un tema que ha sacudido al sistema sanitario tras casos de intoxicación. Asimismo, se tratarán iniciativas relacionadas con la prevención del embarazo adolescente y reformas en diversas agencias estatales.

El escenario político se presenta cada vez más complejo para el oficialismo, que deberá defender sus vetos en un Congreso donde las mayorías son ajustadas y las posiciones se han ido modificando. Los sectores de oposición, fortalecidos por el cambio de postura de algunos bloques, buscarán revertir ambos decretos, especialmente el relacionado con el Hospital Garrahan, que cuenta con un amplio consenso social.

La jornada del miércoles será, sin duda, una prueba de fuego para el gobierno y una definición crucial para miles de trabajadores de la salud y la educación que esperan una respuesta a sus reclamos. La evolución de las posiciones políticas y la influencia del federalismo en las decisiones legislativas marcarán el tono de un debate que trasciende lo presupuestario para convertirse en una discusión sobre las prioridades del Estado argentino.