Por: Bache3000

La situación se volvió tan crítica que el procurador general Jorge Crespo debió intervenir personalmente para reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público y evitar que la crisis paralice el sistema judicial local.

La sesión estuvo a cargo de la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También participaron el Procurador General Jorge Crespo y el camarista Federico Corsiglia. Integraron el Consejo los legisladores Lucas Pica, Marcela Abdala y Juan Murillo Ongaro. En representación del Colegio de Abogados —cuyos miembros titulares y suplentes juraron hoy— intervinieron Alejandro Valdés, Gonzalo Pérez Cavanagh y Pablo Guerrero como titulares, junto a Alexia Gschwind, María José Medina y María Gisella Jerez Leal como suplentes.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cecilia Criado, informó que la presentación fue recibida el jueves pasado, y que se dio intervención a la Auditoría General para la elaboración de un informe técnico que permita avanzar con el procedimiento correspondiente.

Esta presidencia ordenó que se proceda de manera normal y habitual en el ámbito del Consejo de la Magistratura, citándose a los denunciantes para que ratifiquen su denuncia. Luego el expediente, también en un marco de normalidad, pasó a la auditoría para que el auditor evalúe la denuncia y elabore su informe. Elaborado ello, se decidió notificar a cada uno de los consejeros, adjuntando la copia de la denuncia y la del informe del señor auditor.

Durante la reunión se confirmó que la denuncia contra Cendón ingresó oficialmente al sistema y ya tiene curso de investigación.

El procurador Jorge Crespo detalló que, tras recibir el expediente, se implementaron medidas preliminares inmediatas. En primer lugar, se dividió la denuncia según su naturaleza: por un lado, los aspectos administrativos, en el sentido patrimonial del Consejo, y por otro, los aspectos penales que excedían el patrimonio de este organismo.

La gravedad de los hechos denunciados obligó a tomar decisiones drásticas en la organización interna del Ministerio Público. Se dispuso que la fiscal denunciada no mantuviera contacto con los denunciantes, quienes quedarán bajo la órbita del otro fiscal jefe de la Circunscripción.

En este sentido, hay dos fiscales jefes: uno es el doctor Lozada, y el otro es la doctora Cendón, quien está siendo denunciada. No todos los fiscales son denunciantes, por lo que los fiscales denunciantes han quedado regidos o supervisados por el doctor Lozada. Los fiscales que no son denunciantes y que trabajaban con la doctora Cendón no deberían tener contacto con los denunciantes.

El fiscal Guillermo Lista, quien había formulado la denuncia junto a otros funcionarios, fue trasladado de la órbita de Cendón y pasó a depender del fiscal jefe Martín Lozada. La misma medida se aplicó a una defensora pública y otros funcionarios que habían denunciado irregularidades.

Cabe destacar que el fiscal Tomás Soto, quien también forma parte de los denunciantes, había renunciado a su cargo unas semanas atrás, previo a que se conociera públicamente esta situación.

Crespo explicó que se reunió con unos y otros, transmitiéndoles que mientras dure toda esta situación, se eviten los contactos personales y se manejen con los fiscales a los cuales se hace referencia. En caso de que el doctor Lozada tome licencia, se enferme o falte, los fiscales que están bajo su comando tendrían como referencia al Fiscal General en Viedma o al fiscal jefe que el Fiscal General designe, nunca con la doctora Cendón.

En cuanto a la dimensión penal del caso, la cuestión que se entendió era penal en los términos que los denunciantes lo especifican fue remitida por el mismo auditor a Fiscalía General. El Fiscal General ya ha iniciado el proceso que corresponde a una denuncia penal, designándose un Fiscal Jefe de Viedma para que investigue esta situación, diferente al de la localidad, como habitualmente se hace.

Durante la sesión, la jueza del Superior Tribunal de Justicia informó además que hoy se presentó una ampliación de la denuncia inicial contra la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, lo que agregó nuevos elementos al expediente ya complejo.

La presidenta Criado consultó a los consejeros si habían tenido oportunidad de leer el expediente y profundizar en su contenido, a fin de evaluar su tratamiento en esta misma sesión. Sin embargo, los consejeros admitieron que recibieron el material adicional sobre los nuevos hechos denunciados apenas minutos antes de la reunión.

"La entidad de los hechos denunciados, la envergadura de la temática a tratar, por lo menos nosotros sugerimos que por una cuestión de responsabilidad institucional no estamos en condiciones ahora de tomar ningún tipo de conclusión", expresó uno de los consejeros, quien agregó que "los hechos nuevos acaban de ingresar".

Por esta razón, los consejeros coincidieron en solicitar una nueva reunión convocada al efecto, cuando Presidencia así lo disponga y con todos los elementos a su alcance, para abordar con mayor profundidad tanto la denuncia como el informe de la Auditoría.

Un consejero, que prefirió no dar su nombre, expresó reservadamente que "todo tiene olor a cama", reflejando la desconfianza que genera el caso en los pasillos judiciales.

Como también hay una defensora adjunta dentro de la denuncia, el procurador debe velar para que ella tenga tranquilidad en el funcionamiento y ejercicio de su función. En el transcurso de esta tarde o mañana se reunirá con el Defensor General para atender la situación de la Defensora Adjunta que también está entre los denunciantes.

La instrucción que ya dio verbalmente el día viernes, después de tener una charla con la doctora Orticelli, quien es la doctora patrocinante de los funcionarios denunciados, es preservar a los denunciantes para que no tengan ningún tipo de inconveniente en su día a día en el Ministerio Público, ya sea en Fiscalía o en la Defensor adjunta en la Defensa.

Mientras tanto, Cendón mantiene su cargo, aunque el procurador implementó un protocolo estricto para evitar contactos entre ella y los fiscales denunciantes durante el desarrollo de la investigación.

El Colegio de Abogados local también pidió explicaciones formales sobre la situación, evidenciando la preocupación del sector legal por el impacto que este escándalo puede tener en el funcionamiento de la justicia barilochense. El procurador confirmó que se les transmitirá esta misma explicación en el día de hoy o mañana.

Se espera que en los próximos días se defina la fecha de la nueva sesión donde se tratará en profundidad este caso que promete ser uno de los más graves en la historia judicial de la región, con fiscales estimando que podrían haber novedades importantes dentro de los próximos 15 días.