

Por: Bache3000
El acuerdo, ratificado mediante la Resolución Municipal N° 00002092-I-2025 del 17 de septiembre, establece que el pago se realizará por única vez y será destinado específicamente a la contratación de diez personas que cumplirán el rol de capacitadoras ciudadanas durante el mes que dure la vigencia del convenio.
La cooperativa, tiene su domicilio fiscal en Rubén Fernández 3355 del barrio Omega y está inscripta en el registro de ARCA desde agosto de 2022. Su actividad principal registrada es "servicios de cooperativas", aunque también desarrolla actividades secundarias como venta al por mayor de materiales de limpieza y venta al por menor de productos de almacén y dietética.
La situación plantea interrogantes sobre la idoneidad de la elección. La Cooperativa 19 de Octubre está registrada para actividades comerciales muy específicas: servicios cooperativos generales, venta mayorista de productos de limpieza y venta minorista de productos de almacén y dietética. Ninguna de estas actividades tiene relación directa con capacitación ciudadana, educación cívica o procesos electorales.
El convenio establece que los 25,8 millones de pesos serán para contratar diez "capacitadoras" que trabajarán durante un mes en el marco del referéndum del 9 de noviembre. Sin embargo, la cooperativa no tiene experiencia registrada ni actividades habilitadas relacionadas con educación cívica o ciudadana, procesos electorales o referendos, capacitación en participación democrática, o actividades de formación política o institucional.
La cooperativa, constituida en agosto de 2022, lleva apenas tres años funcionando y su expertise está claramente orientado al sector comercial. Sus actividades van desde la venta de detergentes y productos de limpieza hasta alimentos y productos dietéticos, un rubro muy alejado de lo que requeriría una campaña de capacitación para un referéndum.
Con un monto de casi 26 millones de pesos para un mes de trabajo, cada "capacitadora" costaría 2,58 millones de pesos mensuales, una cifra extraordinariamente alta para tareas de información ciudadana. La falta de antecedentes específicos de la cooperativa en este tipo de actividades hace que la selección del contratista genere dudas sobre los criterios utilizados para la adjudicación y la efectividad real del gasto público.
A esto, habrá que sumarle los millones que saldrá organizar el referendum.
El convenio fue suscripto el 15 de septiembre de 2025 y tendrá una vigencia de un mes a partir de esa fecha. Los fondos municipales serán imputados a la partida presupuestaria de "bienes de consumo" y la Dirección de Contaduría General fue autorizada a emitir la orden de pago correspondiente.
La resolución que oficializa el acuerdo fue firmada por el intendente municipal y refrendada por el Secretario de Hacienda y la Secretaria Legal y Técnica, según consta en el documento oficial que formaliza la operación en el marco de los preparativos para la consulta popular del 9 de noviembre.