Por: Bache3000

Los papeles están ahí, sobre la mesa, con esa letra manuscrita que parece de otro tiempo. Acta número 92116, municipalidad de San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre, 21:00 horas. Walter Ledesma escribe con esa caligrafía de inspector municipal que ha llenado cientos de formularios idénticos. Pero este no es idéntico.

El conductor se llama Miguel Campodónico. Tiene 54 años, vive en Calle X casa 450 de Bariloche, y maneja un Fiat Sedan dominio xxx. Cuando los inspectores lo paran, está haciendo Uber. Sin registro, sin habilitación, sin seguro para transporte de pasajeros. La infracción es clara: "Falta habilitación para la actividad que realiza (transporte de pasajeros)", escribe Ledesma en el acta. Más abajo agrega, con esa honestidad burocrática que a veces delata más de lo que pretende: "Hacen mención no correspondientemente para la actividad que realiza".

En cualquier otro caso, el auto va a la grúa. Es el procedimiento. Pero Miguel Campodónico no es cualquier conductor de Uber. Es delegado sindical de comercio, empleado de Carrefour, y tiene el teléfono del intendente.

En la segunda acta, la 0556758, Marina Lozano y Walter Ledesma documentan lo que pasó después. Con una cruz marcan "Falta habilitación para la actividad que realiza (transporte de pasajeros)". Pero al final del formulario, en esa letra cada vez más apurada, escriben algo que no debería estar ahí: se decide liberar el vehículo.

Uno imagina la escena. Campodónico en la calle detenido, quizás nervioso, quizás no tanto. Los inspectores llenando papeles, consultándose entre ellos. Y después, esa llamada. O varias llamadas. Primero a alguien del área de tránsito, sin éxito. Después a Guido Tripolatti. Y finalmente, la orden: liberen el auto.

Walter Cortés, el intendente, dirá después que no recuerda haber dado esa orden. Tampoco la prensa le pregunta al respecto. Pero Tripolatti tiene los mensajes, las llamadas registradas. Los papeles no mienten, aunque a veces digan más de lo que querían decir.

Lo curioso es que Campodónico no encaja en el perfil que dibujan los concejales cuando defienden Uber. No es un desempleado buscando trabajo, no es alguien que necesita el dinero para sobrevivir. Es un empleado de Carrefour, un dirigente sindical. Tiene trabajo, tiene representación, tiene contactos. Y aún así, o precisamente por eso, puede manejar sin papeles y salir libre cuando lo agarran.

Ledesma, el inspector que llenó las actas, después haría la denuncia penal. Como si hubiera entendido tarde que había participado de algo que no debía haber pasado. La denuncia llegó a la fiscalía de Marcos Sosa Lukman, se orientó hacia Tripolatti, y de ahí se siguió el hilo hasta Cortés. Los testigos y los papeles de la causa, lo confirman.

En la audiencia para conciliar, Cortés no se presentó. Ledesma tampoco. Solo fue Tripolatti, quien quizás entendió que él había sido apenas un eslabón en una cadena que lo superaba.

Los papeles siguen ahí, en el expediente. El acta 92116, con esa letra manuscrita que cuenta una historia simple: un inspector hace su trabajo, para un auto, llena los formularios, y después recibe una orden que no esperaba. El auto se libera, los papeles se guardan, y todo sigue como si nada hubiera pasado.

Pero algo pasó. En algún lugar entre la infracción y la liberación, entre el procedimiento y la excepción, se filtró algo que no debería estar ahí: el privilegio de conocer el número del intendente, de pertenecer al sindicato correcto, de tener los contactos que convierten una multa en una anécdota.

Miguel Campodónico volvió a su casa esa noche sin pagar multa, sin perder el auto, sin consecuencias. Los demás conductores de Uber, los que no tienen su teléfono, siguen esperando que no los paren.