Por: Bache3000

La iniciativa judicial fue impulsada por cinco ediles de distintos sectores de la oposición: Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten del bloque Incluyendo Bariloche, Roxana Ferreyra de Nos Une, Samatha Echenique de Juntos por el Cambio, y Facundo Blanco Villalba de Primero Río Negro. La demanda, que lleva la caratula "VI-00036-O-2025 - Wallace, Julieta y Otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/conflicto de poderes", se encuentra en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

En su presentación ante el máximo tribunal provincial, los concejales solicitan que se declare la nulidad de las tres resoluciones mediante las cuales el intendente Walter Cortés convocó al referéndum y posteriormente realizó ajustes al texto original. Todas estas resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial Municipal el 16 y 29 de julio pasado.

El planteo se sustenta en que el Ejecutivo municipal se habría extralimitado en sus funciones al convocar unilateralmente a la consulta popular prevista para el 9 de noviembre, sin contar con el aval del Concejo Deliberante y abordando temas que están en análisis legislativo dentro del cuerpo. Los ediles argumentan que seis de las diez preguntas del referéndum refieren a temas en debate en el Concejo, incluso con números de proyectos de ordenanza específicos.

Entre los temas cuestionados se encuentran la creación de un plan solidario para obras de infraestructura vial, la autorización del funcionamiento de servicios de transporte privado a través de plataformas electrónicas como Uber y Cabify, la creación de una contribución turística para financiar obras de mejora en la ciudad, y la prórroga de la emergencia habitacional hasta 2027 para generar nuevos lotes sociales.

El Superior Tribunal de Justicia ya admitió el tratamiento de la demanda y confirmó su competencia exclusiva para dilucidar el caso, considerando que efectivamente se enmarca en un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. Como primer paso, el tribunal ordenó al Ejecutivo que en un plazo de cinco días remita un informe con los antecedentes que dieron origen a las resoluciones impugnadas.

Esta decisión del STJ se suma al dictamen favorable emitido por el procurador general Jorge Crespo, quien opinó que la demanda debía encuadrarse en la figura de conflicto de poderes y que la competencia correspondía al Superior Tribunal de Justicia en forma originaria.

La acción judicial de los concejales constituye el planteo más sólido contra el referéndum, luego de que el STJ rechazara las demandas presentadas por la Asociación de Propietarios de Taxis y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem), al considerar que no demostraron ser agraviados directos por la convocatoria.

El conflicto judicial se desarrolla en paralelo a las tensiones políticas en el Concejo Deliberante, donde la oposición aprobó recientemente por mayoría una ordenanza que reglamenta las convocatorias a referéndum popular, estableciendo que solo pueden ser convocados por ordenanza del Concejo y que no se puede consultar por varios temas en una sola convocatoria, contradiciendo directamente el procedimiento seguido por el intendente Cortés.

La conferencia de prensa de este jueves permitirá conocer en detalle la posición de los concejales firmantes de la demanda sobre el estado del conflicto de poderes y las expectativas respecto del pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia sobre la legalidad del referéndum convocado para noviembre.