Por: Bache3000

La operación, que se concretó mediante la Resolución N° 00002092-I-2025 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal, establece que la cooperativa mencionada se encargará de la capacitación ciudadana con miras al referéndum que se celebrará el 9 de noviembre, disponiendo para tal efecto el millonario pago único.

Totonelli, en su nota fechada el 22 de septiembre, cuestiona la idoneidad de la cooperativa contratada y su capacidad operativa para cumplir con los objetivos planteados. La edil fundamenta su pedido señalando que "dado que se trata de una contratación de relevancia económica y política, corresponde a este Concejo Municipal ejercer sus funciones de control y solicitar información precisa respecto a la idoneidad de la cooperativa contratada y su real capacidad operativa".

Entre los 21 puntos que integran el pedido de informes, la concejal solicita que se acompañe el convenio suscrito entre el Ejecutivo y la cooperativa, se detallen los antecedentes de la entidad para su selección como encargada de las tareas de capacitación ciudadana, y se precise si posee personería vigente, estatuto actualizado y habilitaciones necesarias.

También exige conocer la experiencia específica de la cooperativa en materia de formación ciudadana, participación democrática o procesos electorales, además de requerir información sobre si cuenta con personal propio idóneo y certificaciones profesionales vinculadas a la capacitación.

Totonelli demanda el listado completo de las diez personas que se desempeñarán como capacitadoras, especificando nombre, formación, experiencia laboral y funciones asignadas, así como aclarar qué criterios objetivos se utilizaron para su selección.

El pedido también incluye la modalidad de capacitación que se implementará, los lugares y fechas de realización, la cantidad estimada de ciudadanos a capacitar con su distribución geográfica, y el plan de trabajo aprobado por el municipio para garantizar el cumplimiento en el plazo de un mes.

La concejal cuestiona además si existió un informe técnico previo que evaluara la idoneidad de la cooperativa, qué área municipal realizó la evaluación de factibilidad de la contratación, y si se consideraron procesos de convocatoria, concurso o alternativas antes de optar por la contratación directa.

Finalmente, Totonelli solicita precisiones sobre el destino concreto de los $25.800.000 asignados, desagregando rubros de gasto como honorarios, logística y materiales, además de requerir dictámenes de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Legal y Técnica sobre la razonabilidad del monto contratado y la legalidad del procedimiento.

El caso ha generado controversia en el ámbito político local, especialmente considerando que se trata de una cooperativa de viviendas que recibirá una suma millonaria para realizar capacitaciones ciudadanas, actividad que aparentemente no guarda relación directa con su objeto social principal. La transparencia en la gestión de recursos municipales y la garantía de que las actividades encomendadas se realicen de manera efectiva constituyen, según la edil, obligaciones esenciales del Estado local en un proceso democrático como el referéndum popular.