Por: Bache3000

Durante el encuentro vecinal, los residentes expresaron su preocupación y exigieron respuestas concretas ante la persistencia de esta problemática que vulnera derechos fundamentales vinculados al ambiente sano y la salud pública. Los habitantes de barrios aledaños señalaron las consecuencias cotidianas que enfrentan y reafirmaron su voluntad de participar activamente en la búsqueda de soluciones.

El documento oficial recuerda que desde 2011 se encuentra declarado el estado de emergencia del vertedero municipal, con vigencia "hasta tanto se haya alcanzado la remediación total del citado vertedero", según establece la Ordenanza 2147-CM-11. A pesar de que en 2022 el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza 3349-CM-2022 para atender la situación, no se registran avances significativos en su ejecución y los plazos establecidos para la remediación, traslado y cierre se encuentran vencidos.

La Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, se constituyó personalmente en la zona el 22 de septiembre, recorriendo espacios de barrios cercanos donde pudo comprobar el olor nauseabundo que emana del vertedero y se extiende hacia las áreas residenciales. Durante la inspección también se apreció el riesgo sanitario que representa la persistencia en el tiempo de esta problemática.

La resolución destaca que la falta de respuesta y abordaje institucional inmediato genera una afectación diaria y constante en la rutina personal de los vecinos, con impacto directo en su salud y hábitat, además de los peligros colaterales derivados de la temática. El organismo considera de absoluta necesidad que las autoridades competentes asuman con urgencia el abordaje integral de esta situación, garantizando instancias de diálogo, inspección y planificación que permitan revertir el daño ambiental y prevenir riesgos para la población.

La Defensoría inició formalmente la investigación correspondiente y comunicó a los presentantes que, conforme establece la normativa, las denuncias presentadas no interrumpen los plazos legales para interponer recursos administrativos o acciones judiciales. La resolución fue refrendada por el Asesor Letrado Carlos Emilio Arrative y se encuentra registrada bajo el número DPB:0000004/2025.

Esta intervención de la Defensoría del Pueblo representa un paso institucional importante en un conflicto que lleva más de una década sin resolución definitiva, mientras los vecinos continúan padeciendo los efectos de un vertedero que opera en estado de emergencia desde hace catorce años.